Un artículo de Pilar Rodríguez Rodríguez, Licenciada en Filosofía, Gerontóloga, experta en Servicios Sociales y Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal,
y la Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis, Profesora Titular en Facultad de Psicología, Universitat de València y Presidenta de la Sociedad Valencia de Geriatría y Gerontología (SVGG)

Los análisis que se vienen realizando relativos a las consecuencias que la pandemia de la COVID19 sobre la calidad de vida de las personas y, en especial, sobre su estado emocional, vienen mostrando cómo estas se han visto afectadas de manera negativa, sobre todo las más vulnerables, como son las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia.

En este sentido, se han identificado claramente las barreras que se introdujeron para el acceso a los recursos e  intervenciones sociosanitarias ligadas a las recomendaciones políticas para la prevención de contagios, más allá de la escasez de material de protección suficiente, como las mascarillas o los EPIs para los equipos profesionales en los primeros meses de la pandemia: se limitó el acceso a los domicilios y a las consultas de atención primaria y especializada, se cerraron los centros sociales y de día, se confinó en su habitación a las personas que vivían en residencias…

Todo ello, además del agravamiento de las enfermedades de las personas, provocó una restricción de las relaciones afectivas y sociales que, entre otras consecuencias, ha dado paso al incremento de la soledad y a déficits en la salud mental.

En el Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2022, elaborado por la Confederación de Salud Mental España, se recuerda la necesidad de tener en cuenta “la diversidad de las personas con sufrimiento psíquico y proteger sus derechos humanos… recordando que el coste de la exclusión social puede llegar a ser muy elevado y perpetúa la dependencia y la intromisión en las libertades individuales”.

En el mismo documento se reclama que, “de conformidad con las propuestas de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad, los Estados han de asegurar que las personas con discapacidad psicosocial y/o personas con problemas de salud mental tengan la oportunidad de ejercer el control sobre la manera en que quieren vivir en base a su proyecto de vida. Para ello, habrán de contar con formas de apoyo que faciliten el pleno ejercicio de sus derechos”.

Han sido muchas las declaraciones, propuestas y manifiestos que, con motivo del reciente Día Internacional de la Salud Mental y desde diferentes entidades y ámbitos territoriales, denuncian la falta de recursos de atención específicos dirigidos a las personas con problemas de salud mental y, en especial, las que presentan gran sufrimiento psíquico. Del mismo modo, se reclama una atención personalizada y continuada que sea accesible y cercana y se señala la necesidad perentoria de actuar de manera preventiva para evitar o paliar la enfermedad mental y se preste muy especial atención a la prevención de los suicidios.

Según los datos publicados por el INE, de las 3.671 personas que se suicidaron en 2019, tenían más de 50 años 2.211(61%), mientras que las personas mayores de 60 años que se quitaron la vida fueron 1.450 (39% del total) (Guía de práctica clínica e prevención y tratamiento de la conducta suicida, 2012).

La coincidencia de reivindicaciones referidas es rotunda en cuanto a la indubitable necesidad de cuidar la salud mental de toda la población, y eso, obviamente, incluye a las personas mayores, aunque, en general, no se hable de ellas, recibiendo escasa atención y, por consiguiente, muy insuficiente inversión pública.

Consecuentemente, los estudios con datos de prevalencia o descriptivos de la situación de las personas con problemas de salud mental en personas mayores son muy escasos en nuestro país, en comparación con los realizados en otros grupos de edad. Poniendo como ejemplo la prevalencia de la depresión diagnosticada a las personas mayores, según datos del INE, esta es sensiblemente más alta que entre la población general, y este diagnóstico se va incrementando con el paso de los años, existiendo también un diferencial por sexo: mientras el porcentaje de personas diagnosticadas de depresión no supera el 5% hasta los 45 años y es semejante entre sexos, esta proporción va aumentando con la edad y se acrecienta la brecha de género, sobre todo, a partir de los 65 años cuando las mujeres con depresión son el 15% mientras los hombres se mantienen por debajo del 10%.

Por otra parte, destaca entre el grupo de personas mayores el aumento de las tasas de mortalidad por enfermedades mentales y nerviosas que se está produciendo en los últimos lustros, llegando a superar los 300, sobre todo, entre las mujeres (Estadística de defunciones del INE, 2023)

Lo que sí conocemos con certeza es que los trastornos mentales causan sufrimiento psicológico y emocional a cualquier persona, suponen un gran impacto individual, social y económico y conllevan pérdidas sensibles de bienestar. De entre las consecuencias que se han descrito por la comunidad científica relativa a las personas mayores se destaca:

• Disminución de la calidad de vida y limitado acceso a recursos sanitarios. Según la Organización Mundial de la Salud, un 14% de personas mayores padecen un trastorno mental, siendo únicamente un 11% quienes utilizan un servicio sanitario especializado. De quienes sí lo reciben, 1 de cada 3 ha sufrido un trastorno mental en el último año, y 1 de cada 5 lo tiene actualmente, siendo los problemas más habituales, los trastornos depresivos y de ansiedad, que representan el 18% de la carga global de enfermedades (970 millones de casos en todo el mundo). Así mismo, esta Organización señala cómo la soledad y el aislamiento social son factores de riesgo que merman la salud mental y que se acumulan en la vejez, alertando así mismo de que una de cada 6 personas mayores sufre malos tratos por parte de sus cuidadores. 

• Reducción de la esperanza de vida y aumento de la discapacidad. Los trastornos mentales se sitúan en el segundo puesto en pérdida de años de vida sin discapacidad y suponen 125,3 millones de años de vida perdidos en el mundo (datos de 2019).

• Menores posibilidades de acceso al empleo y, consecuentemente, más pobreza, porque el desempleo y absentismo laboral se va acumulando a lo largo de la vida y, por tanto, se producen menos ingresos y más problemas económicos en la vejez. Esto afecta en mayor medida a las mujeres a lo largo del ciclo vital.

• A la mayor prevalencia de los problemas de salud mental entre las mujeres coadyuva el peso de los cuidados familiares que se ven obligadas a asumir. Y, por otra parte, también es relevante señalar que la violencia de género que muchas mujeres con problemas de salud mental han sufrido a lo largo de su vida causa problemas de estrés postraumático que les acompañan el resto de sus vidas y son causantes de diversas enfermedades. Según el Estudio Violencia de género y mujeres mayores en la Comunidad Autónoma de Euskadi: visibilizando una vulnerabilidad opaca (2023), una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. El estudio  estima que un 23,4 % de estas mujeres (en torno a 67.600), ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida y un 5,7% (unas 16.450 mujeres).

• La discriminación por edad (edadismo) es una de las que tienen más efectos nocivos en la salud física y mental de las personas mayores y en la discapacidad a largo plazo. Según investigaciones analizadas por la OMS (2021)  este tipo de discriminación por edad se asocia con una peor salud, un mayor aislamiento social y soledad, una mayor inseguridad financiera, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muertes prematuras. Se calcula que 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo.
  
  En el ámbito de los sistemas de atención, a menudo se entiende erróneamente debido al edadismo subyacente que muchos de los problemas de salud mental son “normales de la edad avanzada” y, por tanto, que “no precisan tratamiento”. Sufrir un trato edadista se relaciona con tener mayor depresión, ansiedad y estrés.
  
  En las personas mayores, a mayor autoestigma relacionada con la edad o estigma internalizada, mayores síntomas psicológicos y niveles de discapacidad, más probabilidad de muerte prematura, y menores niveles de bienestar (Kang et al, 2022). Algunos de los estudios en los que se relaciona el edadismo con la salud mental aportan evidencia de que el edadismo influye en los trastornos psiquiátricos, tanto en la aparición, como en el mantenimiento e intensificación de la depresión a lo largo del tiempo. Este Organismo alerta también acerca de que las personas mayores con trastornos mentales son estigmatizados por la sociedad y por parte de los mismos profesionales.
  
  A ello se une que la depresión en la vejez se puede manifestar como síntomas somáticos (fatiga, malestar físico, falta de energía, etc.) y conductuales (pasividad, evitación) que a menudo hacen complejo el diagnóstico diferencial. De modo habitual, la depresión se ve como una consecuencia “natural asociada a envejecer”, a la pérdida y a la enfermedad física y, por ello no se diagnostica ni se trata.

• A menor atención, mayor utilización de psicofármacos y otras sujeciones. Según la OMS (2023), solo el 29% de las personas con psicosis y solo un tercio de las que tienen depresión recibe atención en salud mental. Para muchas de ellas, la atención se limita a recibir un psicofármaco (haloperidol, risperidona, olanzapina…), cuyo consumo a menudo se puede extender al resto de sus vidas, a pesar de que el uso de estos medicamentos debe ser limitado en dosis y duración, según las indicaciones terapéuticas.
  
  Aunque los antipsicóticos se emplean mucho en personas mayores (sobre todo en aquellas con demencias, donde un 67% los consumen), no hay pruebas de su eficacia; más bien al contrario, se conocen sus efectos adversos, el riesgo de interacciones farmacológicas y un aumento del riesgo de mortalidad. Además, frecuentemente, no sólo “se hace contención” a las personas con problemas de salud mental con fármacos sino también con sujeciones físicas. Afortunadamente, el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas aprobaron en junio de 2022 un modelo común para los servicios de atención a la dependencia, entre los que se incluía una atención “libre de sujeciones”, uniéndose así a las exigencias del movimiento social organizado y a la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado.
  
  Sin embargo, muchas personas mayores reciben fármacos como único tratamiento y otras muchas no reciben ningún tratamiento, cuando las Guías de Práctica Clínica(NICE) recomiendan intervenciones psicológicas como primera línea de actuación para el abordaje de los problemas de salud mental. Pero son muy escasos los profesionales de la psicología en nuestro país, muy lejos de la recomendación de las OMS que señala un número mínimo de 18 por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre con el número de profesionales de psiquiatría y geriatría, que continúan siendo muy escasos.

• Cronificación. La falta de acceso a un tratamiento adecuado en salud mental se traduce en una cronificación del problema, aumento de días de hospitalización, hiperfrecuentación de servicios médicos y urgencias. Cuando una persona tiene depresión y no recibe ayuda, la probabilidad de que este problema se cronifique y complique con otros problemas de salud mental y física es elevada y los costes asociados a la atención sanitaria cuando el problema es crónico, son muy altos.

• Vulneración del Derecho a los apoyos y cuidados y al mantenimiento del control sobre su propia vida. La falta de acceso a un tratamiento adecuado a la persona mayor supone una discriminación por edad y un perjuicio y vulneración de sus derechos fundamentales, como se ha evidenciado en algunas investigaciones, como las desarrolladas por la Fundación Pilares desde 2019 (Vilá et al, 2019).

• Inexistencia de prestaciones y servicios como los relacionados con la accesibilidad psicosocial y la asistencia personal, que continúan siendo bastante desconocidas, lo que obliga a que las personas sigan enfrentándose en solitario a los obstáculos que les impiden una plena inclusión social incluidas las actitudinales, administrativas y sistémicas o simbólicas, a fin de contribuir a combatir el estigma y los prejuicios que conducen a la discriminación, la violencia, el abuso, la exclusión social y la segregación.

• El sumatorio de la interseccionalidad, ya que en muchas ocasiones a la edad avanzada se unen otras situaciones que también originan formas de prejuicios y discriminaciones, como son el sexo, la raza, la discapacidad o la orientación sexual, lo que tiene un efecto negativo sobre la salud y el bienestar de la población

En conclusión, aunque la pandemia ha puesto la salud mental en el foco del interés social, esto no se ha traducido todavía en una apuesta clara por invertir en los recursos necesarios para paliar o eliminar los efectos que su pérdida producen en las personas y, en especial, entre las de mayor edad. Por ello, se estima totalmente necesario desarrollar la Estrategia de Salud Mental aprobada en diciembre de 2021 y que se desarrollen también programas de promoción, prevención y tratamiento en salud mental a las personas mayores en el ámbito de los servicios sociales.

Y, teniendo en cuenta la escasez de investigación existente en nuestro país sobre la salud mental de las personas mayores, consideramos que el primer paso para desarrollar las actuaciones que correspondan sobre bases sólidas, sería incrementar el conocimiento en esta área, haciéndolo de manera interdisciplinar y con enfoque de derechos y de género.

Confiamos que se tome conciencia sobre la necesidad de aprobar sin más demoras esta asignatura pendiente y que, de manera colaborativa, podamos mejorar la salud mental de las personas mayores ofreciéndoles los apoyos que precisan de manera personalizada y actuar también en el entorno social para tratar de eliminar los estereotipos y prejuicios existentes y  erradicar el estigma social asociado a los trastornos mentales y a las personas que los sufren.  

Referencias:

Gobierno de España (2021). Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/bibliotecaPub/repositorio/libros/29236_estrategia_de_salud_mental_del_Sistema_Nacional_de_Salud_2022-2026.pdf

Gobierno de España (2020).Guía de práctica clínica e prevención y tratamiento de la conducta suicida, 2012, revisada en 2020). Disponible en: https://www.consaludmental.org/publicaciones/GPC-Prevencion-Conducta-Suicida-2020.pdf

Herrero, I, Díaz, C. (2023). Estudio Violencia de género y mujeres mayores en la Comunidad Autónoma de Euskadi: visibilizando una vulnerabilidad opaca. Emarkunde. Disponible en: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_bekak/es_def/adjuntos/beca_2021_3.pdf

INE (2023). Estadística de defunciones. INE. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175

Kang H, Kim H. (2022). Ageism and Psychological Well-Being Among Older Adults: A Systematic Review. Gerontology and Geriatric Medicine, 8. doi:10.1177/23337214221087023

OMS (2021). Informe mundial sobre edadismo. OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism

Vilá, A., Rodriguez, P. y Dabbagh, V (2019). Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana. Fundación Pilares. Disponible en: https://www.fundacionpilares.org/publicacion/derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia-y-su-ejercicio-en-la-vida-cotidiana/