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Este nuevo decreto simplificará el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia

La Junta de Andalucía está desarrollando un nuevo decreto para agilizar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, desde que la persona presenta su solicitud hasta que recibe la prestación correspondiente. Su objetivo principal es que se reduzcan los plazos al máximo.
Tal y como apunta la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la principal novedad que introduce esta norma es que “simplificación del procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia, unificando las fases de valoración y programa individual de atención, de manera que exista una única resolución donde se reconozca el grado de dependencia y, al mismo tiempo, se especifiquen los servicios o prestaciones a los que tiene derecho la persona«. De esta forma, se simplifican los trámites administrativos con la consiguiente reducción de los tiempos de respuesta.
Además de agilizar los procedimientos y la reducir del tiempo medio de tramitación, este nuevo decreto también contempla algunos aspectos innovadores, como los supuestos de tramitación preferente en lo que respecta al procedimiento para determinados colectivos a tener en consideración, entre los que se encuentran los menores de 21 años o las situaciones de urgente necesidad o especial vulnerabilidad o las personas atendidas en cualquiera de los centros de la red de Servicios Sociales de Andalucía del catálogo de prestaciones de Dependencia.
La consejera destaca que «una novedad importante es que se hace alusión a las personas que sean diagnosticadas con una enfermedad cuya rápida progresión haga disminuir considerablemente su esperanza de vida. Estas personas tendrán preferencia para el reconocimiento de su situación de dependencia». Entre los colectivos preferentes se encontrarían, por ejemplo, los enfermos de ELA, con los que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha suscrito recientemente un protocolo para mejorar la atención social de las personas afectadas y la de sus familias y las personas cuidadoras.
Tal y como se apunta desde la Junta de Andalucía, la tramitación de este decreto resulta necesaria para actualizar la regulación de forma que se ajuste a la normativa vigente que ha sufrido importantes cambios tanto a nivel estatal como regional. Por otro lado, se ha adaptado según la experiencia adquirida en la gestión en estos más de diez años desde que se aprobara la Ley de la Dependencia, durante los que se ha atendido a más de 387.610 personas, que se han beneficiado de 508.112 prestaciones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales señala que «la elaboración de este nuevo decreto forma parte del Plan de Medidas puesto en marcha por el Gobierno andaluz para mitigar los  efectos de los recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia, y que desde que Andalucía puso en marcha el pasado mes de marzo ha permitido incorporar a más 11.000 personas al sistema».
La consejera ha subrayado que, «desde la Junta de Andalucía, nos hemos visto obligados a poner en marcha un Plan de Medidas excepcionales en materia de dependencia tras los numerosos recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 18 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que habría permitido atender a 105.000 personas más».

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