Geriatricarea Meritene Nestlé

Dependiente y apaleado

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Un artículo de Diego Juez
tesorero de CEAPs
(Círculo Empresarial de Atención a las Personas)
y presidente de ACALERTE
(Asociación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia)

 

No os vais a creer lo que me paso el otro día en la librería con mis hijos, fuimos a comprar material escolar, pinturas, archivadores… y casualmente la persona que iba delante mío compró todo lo que yo necesitaba, al ir a pagar la cuenta ascendía a 520,00 €.

– Buenos días! Necesito exactamente el mismo material ya que van al mismo curso, y cuál fue mi sorpresa al ver que mi factura era 30 euros más cara.

– Oiga!! que le he pedido exactamente lo mismo.

– Ya! pero es que como va a un colegio público, paga menos IVA.

Este sinsentido se da en el sector de Atención de las Personas Dependientes,. Os resumo la situación que se da en la actualidad: un mismo servicio profesional le corresponde un IVA del 4% si lo financia la Administración, o un 10% si lo financia el dependiente privado.

En alguna ocasión se da la paradoja de una persona que entra en un centro de forma privada paga un IVA del 10% y más tarde le corresponde una plaza concertada en ese mismo centro, en esa misma habitación y recibiendo exactamente los mismos cuidados y pasa a tributar al 4%.

Esto es sin lugar a dudas va en contra de los principios de la política fiscal, la carga impositiva no debe, ni puede distorsionar el mercado y su competitividad, lo que se da claramente en este caso, no es lógico aplicar un IVA según la naturaleza de la financiación de la plaza, entendemos que debe primar siempre la calidad en la atención y la profesionalización de los servicios, no la forma jurídica de quien presta el servicio.

Según estudios realizados recientemente por CEAPs, prácticamente la totalidad de las personas que acuden a los servicios profesionales de mayores son dependientes, la primera opción elegida es el propio hogar y cuando se ven más necesitados de ayuda, es cuando se opta por el servicio asistencial, en la mayoría de las ocasiones es muy complicado acceder a una plaza pública o a una prestación económica vinculada, por lo que se encuentran doblemente perjudicados, ya que no solo quedan fuera del sistema de dependencia sino que además deben de pagar un coste más elevado al aumentar el tipo impositivo.

Sabemos que las partidas presupuestarias destinadas a la Dependencia no son suficientes para cubrir las necesidades de los más dependientes, y aún así establecemos más barreras; está claro que existe una demanda por parte de la sociedad de plazas residenciales y por el contrario hay desocupación en el sector, el principal problema de este desajuste es el aspecto económico. Una reducción del IVA repercute directamente una bajada de precios al usuario, con esta medida veremos paliado este desequilibrio.

Desde el Circulo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) llevamos tiempo denunciando estas desigualdades, como patronal más representativa del sector que representa más de 120.000 plazas residenciales en todo el territorio nacional y presta servicio a más de 400.000 personas dependientes, presentamos un estudio sobre la situación del IVA en el Congreso de los Diputados, hemos trasladado el problema al Defensor del Pueblo y junto a la CEOE hemos trasladado la propuesta al Ministro de Hacienda; Contamos con el visto bueno del Director General de Tributos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de recaudación, ahora solo hace falta voluntad por parte de los políticos para solucionar esta injusticia.

En el informe de CEAPs afirmamos que con medidas adecuadas fomentamos el desarrollo económico, creamos nuevos puestos de trabajo y aumentamos los recursos asistenciales, y que gracias al retorno vía impuestos directos e indirectos, no solo respetamos el principio de igualdad sino que se mejoran las arcas del estado.

Como dice un buen amigo mío “encima de dependiente…apaleado”


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Publicado en: A fondo, Opinión

Sobre el autor:

GeriatricArea es una publicación digital editada por Comunicación y Cía que se dirige a los profesionales del sector sociosanitario.

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