/p>Si bien el Gobierno ha anunciado que la partida destinada a los servicios sociales dentro de los Presupuestos Generales del Estado 2017 (PGE) se incrementará en 442 millones de euros, el aumento en términos reales será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un «ridículo» incremento del 0,8%, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
servicios socialesEste desfase se debe a que la mayor parte del aumento de los fondos destinados a gasto social, 312 millones de euros, no saldrá directamente de las arcas del Estado o bien no se harán efectivos, tal y como ha explicado la citada asociación en un comunicado.
Así, el incremento en 100 millones de la partida para la atención a la dependencia no va a suponer un aumento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia.
En opinión de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de nuestro país, ese aumento de 100 millones es «papel mojado, porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que están condicionados al número de personas efectivamente atendidas y se basan en unas cuantías que insuficientes que ya fueron recortadas un 15% en el año 2012, mediante R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio. La insuficiencia de dichas cuantías provoca que las CC AA obtengan por esa vía una financiación equivalente al 18% del gasto real que realizan. Dicho de otro modo, para recibir un solo millón de esos cien, las comunidades autónomas deben acreditar un gasto efectivo de cinco millones euros».
Por otra parte, se trata de una partida ampliable, que se suplementa automáticamente en la medida en que se incorporen nuevas personas atendidas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De hecho, en 2016 esta partida se tuvo que suplementar a final de ejercicio con 37 millones de euros más. Así pues, la cifra inicial de esta partida es irrelevante, ya que las Comunidades Autónomas no van a recibir más ni menos dinero porque esté más o menos dotada.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el auténtico incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado vendría de recuperar y/o ampliar las cuantías de financiación por cada persona atendida en el nivel mínimo (que es la auténtica garantía del derecho subjetivo).
Por tanto, para atender a todas las personas dependientes con derecho a ello, el incremento de gasto público habría de ser de unos 3.000 millones de euros más al año, la mitad de los cuales los debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del SAAD fuera justo.
En consecuencia, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 «abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho. Eso sí, ese número de fallecidos contribuirá trágicamente a bajar la lista de espera», sentencia la asociación.