La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social de Comunidad Valenciana por solventar el impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua y que asciende a más de 80 millones de euros, con el sector de atención a las personas mayores y dependientes vuelve a poner en peligro a todo el sector de atención a la dependencia con más de 300 centros y más de 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas en la Comunidad Valenciana, la mayoría mayores y personas con discapacidad.

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Patronal y sindicatos denuncian el impago de una deuda de más de 80 millones y el incumplimiento reiterado del compromiso del Consell

Ante el agravamiento continuo de la situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado realizar una serie de acciones conjuntas a lo largo del mes de abril para que, de forma urgente, se desbloquee la deuda comprometida con este sector. En concreto, estas acciones consisten en:

  • Presentaciones de mociones a los plenos de los Ayuntamientos a celebrar en el mes de abril con el fin de solicitar a la Conselleria de forma conjunta el pago de la deuda.
  • Convocatoria a los más de 300 centros en la Comunidad Valenciana que atienden a las personas mayores y dependientes para la presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al President de la Generalitat rogándole su intervención ante un problema de esta magnitud.

Con estas medidas, se exige a la Generalitat Valenciana que de a este sector el mismo trato de financiación que a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma evitando así  una situación de impagos masivos de salarios a los profesionales como la que se produjo hace menos de un año y que les llevo a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda, seguridad social o nóminas.