Ambas entidades denuncian que se está derribando el todavía frágil Sistema de Servicios Sociales y se reducen, cuando no se suprimen, prestaciones sanitarias. “Quizás, cuando hablan de agentes sociales, se refieran a los lobbies empresariales, para los que tanto la sanidad como los servicios sociales son, exclusivamente, ‘oportunidades de negocio’, como bien han proclamado algunos dirigentes políticos y consejeros autonómicos. Y quizás también, cuando dicen ‘avanzar en…’ se refieran a seguir el proceso iniciado hasta hacer desaparecer los servicios y prestaciones por dependencia y privatizar la sanidad pública”.
Ante esta situación, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADPS) y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) creen que es imprescindible y urgente “construir una gran alianza entre las ‘mareas blanca y naranja’, forjada con la participación de las los movimientos sociales, las plataformas y las organizaciones ciudadanas, de profesionales, de usuarios, de servicios sin ánimo de lucro, políticas y sindicales…. en la que las legítimas discrepancias políticas e ideológicas tengan cabida y sean franqueadas en aras de un gran objetivo compartido.
En este sentido, están promoviendo un gran encuentro en el que se elabore un Manifiesto en Defensa de la Sanidad y los Servicios Sociales, y se consensúen una estrategia común y un calendario de acciones significativas y movilizaciones a nivel de Estado y de todas las Comunidades Autónomas. En el mismo se abordarían cuestiones como estas:
1. La incorporación de nuevos beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia solo se produce en la medida en la que se van dando bajas entre los 750.000 atendidos. Tenemos 190.000 personas con el derecho otorgado a la atención y que no la reciben, es el llamado limbo de la dependencia. Y tenemos personas dependientes en espera de que se les otorgue ese derecho que, de seguir los tiempos actuales de atención, tardarían 80 años en poder recibir el servicio.
2. El Sistema de Atención Sanitaria está en peligro más allá de los intentos privatizadores de algunas Comunidades como Madrid, Valencia, Galicia, etc., porque cada vez más servicios pasan a manos privadas (limpieza, laboratorios, extracción de sangre..) y las derivaciones al Sistema privado de provisión es una estrategia de deterioro de lo público para conseguir el deseo de oportunidad de negocio. Pero dentro de la Sanidad, la atención socio-sanitaria es un peor negocio, no interesa, consume recursos y da pocos beneficios, por eso España tiene un bajo “índice de camas/1000 habitantes”, un 0,7% frente al 1,4% de los países de la OCDE. Para pacientes crónicos; la atención domiciliaria es mínima y no alcanza el 11% de cobertura aconsejado para mayores de 65 años.
FADPS y ADYGSS afirman que si el Pacto se plantease desde los sistemas públicos de Salud y Servicios Sociales, las cosas serían diferentes. Se volvería a incidir en que el sistema de salud se hiciese cargo totalmente de las prestaciones sanitarias que se desarrollan en Residencias de Mayores, Centros de Día, Albergues, etc. con una completa atención médica, farmacéutica, y de rehabilitación, como unos ciudadanos más pertenecientes a una Zona Básica de Salud.
Además, el Sistema de Servicios Sociales ha de hacerse cargo de las prestaciones de apoyo a la familia y convivencia para la inclusión social que todavía realizan algunos servicios sanitarios. Y, por supuesto, sería imprescindible mejorar la coordinación socio-sanitaria a todos los niveles asistenciales de Atención Primaria y Especializada, niveles directivos, de Planificación y de Gestión, creando protocolos de actuación que disminuyan el esfuerzo, los tiempos y el gasto sanitario y social.
“Coincidimos en la necesidad de cambios en los sistemas públicos de salud y de servicios sociales. En el sistema de salud, por la necesidad de adaptación a los cambios demográficos y epidemiológicos y la reorientación de la atención al paciente con enfermedad crónica y, en el sistema de servicios sociales en la necesidad de simplificar y agilizar procedimientos y en aumentar su escaso nivel de cobertura. Sin embargo, nada en el discurso del Ministerio responsable de ambos sistemas hace prever un itinerario en este sentido sino a minimizar su capacidad y su potencial para la atención sociosanitaria” afirman.