/p>La viabilidad del sector de atención a la dependencia, y de los propios derecho de las personas dependientes, se encuentran en grave riesgo, según se desprende del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España.
geriatricarea informe del Observatorio de la Dependencia
Algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva

Este informe ha sido elaborado por las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y CCOO de Construcción y Servicios y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE) para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestas a los problemas de viabilidad con los que se encuentra en la actualidad.
El informe, a los largo de sus 130 páginas, presenta una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.
Algunos de los aspectos a destacar del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España son los siguientes:
• La aplicación de la LAPAD presenta con importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones. De hecho, algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes.
• En España la proporción de personas valoradas GIII alcanza el 30,03%, mientras que el GII es 36,18%, ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente. Esta disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de Dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados.
• A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continua 7 años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12,71%, SAD y 12,53% de teleasistencia.
Y lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III y Grado II, invirtiendo el porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia se crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).
geriatricarea informe del Observatorio de la Dependencia
Un 42,81% de servicios a atención a la dependencia es realizado por cuidadores no profesionales

• La revisión del SISAAD -nueva aplicación prevista para finales de 2014- ha destapado duplicidad de expedientes e irregularidades que un vez depuradas alcanzan 39 millones de euros y denotan la falta de controles eficaces y el incumplimiento de la obligatoriedad de certificar por parte de las CC.AA la veracidad de datos.
• La financiación de la AGE se ha recordado drásticamente (regularización de expedientes, reducción cuantías máximas prestación económica y suspensión de cuotas SS de cuidadores no profesionales que arrastraba deuda de 1.034 millones de euros, suspensión del nivel acordado), lo que, unido al hecho de que las CC.AA no han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita certificar con exactitud el importe de los recursos destinados a la dependencia.
Tampoco el desarrollo del copago ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de la Ley.
• El crecimiento de empleo se ralentiza y comienza a disminuir en 2.012, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas.
• La normativa relativa a la LAPAD es demasiado extensa: incluye más de 671 normas de CC.AA y 134 normas estatales y , sin embargo, carece de una normativa estatal en materia de acreditación por grado de dependencia que garantice una atención de calidad.
Ante este panorama, José Alberto Echevarría, Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), ha manifestado que «estamos ante un sector que aporta retornos importantes traducidos en empleo y riqueza, pero la realidad es que la falta de financiación es una evidencia que debe afrontarse”, añadiendo que “es grave que al mismo tiempo los precios de los concursos siguen bajando mientras que permanecen vacías más de 50.000 plazas y tenemos casi 200.000 dependientes sin prestación».
Por su parte, Pilar Navarro, Secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT ha hecho hincapié en el hecho de que “los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas. La falta de inversión y la apuesta por los cuidadores informales de las CC.AA explican, en parte, este desequilibrio”, y se ha mostrado “preocupada por el retraso de algunas Autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que está dificultando la renovación de contratos”.
La representante de Lares, Mª Ángeles Sánchez, se ha mostrado partidaria de “trabajar para alcanzar el compromiso responsable y serio de qué asignaciones presupuestarias aporta la Administración Central, las Comunidades Autónomas y qué parte deben aportar los ciudadanos mediante copago”. El objetivo es “saber con qué contamos para dotar de estabilidad a Nuestro Sistema de atención a la dependencia tras una época de afrontar duros recortes”.
Para el Secretario de Construcción y Servicios de CC.OO, Vicente Sánchez, otro aspecto a destacar es “la formación específica que han realizado las trabajadoras del sector y el esfuerzo en tiempo, dedicación y económico realizado, que ahora se pierde por la destrucción de empleo”.
En este mis sentido, Antonio Cabrera, Secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO ha afirmado que “los servicios de atención a la dependencia dan empleo a más de 420.000 personas de las que el 86% son mujeres”, de ellos el 22% de los trabajadores de residencias tienen contrato a tiempo parcial, frente al 26% de otros servicios vinculados a la dependencia. Desde 2.012 se destruye empleo, coincidiendo con la reducción de la tasa de cobertura del sistema y la minoración de la intensidad de sus prestaciones”.
Jorge Guarner, presidente de AESTE, ha abogado por el cumplimiento de la Ley en base a servicios profesionales, para reducir a cuotas excepcionales el 42,81% de cuidadores no profesionales, ya que “de reducirse al ritmo actual del 2,5% anual, tardaríamos más de 20 años en llegar a las cifras excepcionales, que promulga la Ley”. En su opinión es especialmente grave “si tenemos en cuenta que alta y media dependencia requieren una atención profesional y de calidad, que pasa por que se regule una acreditación por grados de dependencia, que responda a las necesidades sociales y sanitarias de las personas dependientes. Actualmente no existe a pesar de las casi 800 normas vigentes”.

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