Continuamos la publicación de la serie de artículos en los que, bajo el epígrafe de “Dependencia: ¿hacia un cambio de modelo?”, Rafael Ardura Urrea analiza la situación actual y las perspectivas de futuro de nuestro Sistema de Atención a la Dependencia.
Para saber si el impacto de la crisis nos está llevando hacia un cambio de modelo de la Dependencia debemos analizar, aunque sea brevemente, el coste de los recortes presupuestarios en el bienio 2013-2014. Para ello hay que introducirse en la configuración del Sistema y abordar tres aspectos concretos: el derecho de acceso de las personas en situación de dependencia a las prestaciones, la configuración de un sistema de prestaciones básicas (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia – SAAD) y el sistema de financiación. En este post abordaré, la primera de las variables: El colectivo beneficiario de la LAPAD.
El colectivo protegible de la Ley es toda persona en situación de dependencia de cualquier edad siempre que esté reconocida como beneficiaria del Sistema de acuerdo con los resultados del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD), así como la escala específica para menores de tres años (EVE), aprobados en la Ley 39/2006 y reformulados en el Real decreto 174/2011, de 11 de febrero. Por el que se aprueba el baremo de valoración de la dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La Ley prevé tres grados de dependencia, los cuales originariamente se subdividían en dos niveles en cada uno de los grados; con la reforma de la Ley 20/2012, se suprimen los niveles y se reconoce solo el grado. La intensidad de la dependencia se define por el número de veces al día que la persona dependiente necesita ayuda de una “tercera persona” para la realización de las ABVD (actividades básicas de la vida diaria).
Dicho baremo ignora el “continuum asistencial” que puede requerir una persona dependiente ya que define las necesidades en clave de dependencia social, pero no en clave de dependencia sanitaria. Así, los grados de dependencia se definen en función de la incapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) agrupándolos en tres grados: Grado 1 (Dependencia moderada): necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado 2 (dependencia severa): necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, sin que se precise del apoyo permanente de un cuidador; Grado 3 (Gran dependencia): necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y que requiere del apoyo indispensable y continúo de otra persona por la pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
No obstante lo anterior, no se incluye ningún supuesto de cuando la persona por su discapacidad física necesite además de los cuidados sociales unos cuidados sanitarios continuados de mayor intensidad que los de control y supervisión asistencial (atención sociosanitaria). Ello significa que hay un colectivo de personas que por sus especiales características de dependencia sanitaria quedan excluidos del ámbito de protección social de la dependencia.
La aplicación del BVD y según datos del CIS, estima un total de 2,3 millones de personas en situación de dependencia, lo que supone un 5% de la población total (datos 2008), y una prevalencia del 21% de la población. No obstante, la LAPAD establece unos criterios más restrictivos para ser beneficiarios de sus prestaciones, excluyendo a las personas con dependencia leve y a aquellas que requieren cuidados sociosanitarios. Según el Libro Blanco de la Dependencia (2004), la población estimada “protegible” en el 2015 –fecha inicialmente prevista para la finalización de la implantación de la Ley– sería de alrededor de 1,3 millones de personas. Ello daría como resultado una tasa de prevalencia de la dependencia del 3% de la población, la cual desglosada seria del 12% en las personas mayores y del 0,7% para la población menor de 65 años.
Las cifras muestran que, llegados en 2015 a la fecha inicial marcad para la finalización de la implantación de la Ley, el promedio de personas beneficiarias a marzo de 2015 con prestaciones es de 742.813 personas, poco más de la mitad de los beneficiarios previstos inicialmente.
En cuanto a la estructura de personas beneficiarias por grado de dependencia, el hecho de que el proceso de entrada al Sistema no se haya completado, no permite extraer conclusiones definitivas sobre las desviaciones respecto a las cifras iniciales previstas en dicho Libro Blanco. No obstante, si se compara el número absoluto de personas previsto y el realizado en 2014, los resultados muestran que hay un mayor peso de beneficiarios con Grado 3 y una menor proporción de los del Grado 2. Ver cuadro.
PIA solicitada anterior al 15 de julio de 2012
| Grado | Nivel | Euros / mes |
| Grado III | Nivel 2 | 833,96 |
| Grado III | Nivel 1 | 625,47 |
| Grado II | Nivel 2 | 462,18 |
| Grado II | Nivel 1 | 401,20 |
| Grado I | Nivel 2 | 300,00 |
Prestaciones para los solicitantes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Key 20/2012 de 13 de Julio
| Grado | Euros / Mes |
| III | 715,07 |
| II | 426,12 |
| I | 300,00 |
El proceso de entrada al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) es bastante burocrático y consigue una ralentización excesiva de la gestión de los expedientes de solicitud de las personas en situación de dependencia, ocasionándoles un perjuicio ya que se ven privadas de gozar de una prestación que les corresponde.
Los sucesivos informes del Observatorio de la Dependencia (Asociación Estatal de Directores y Gerentes en servicios sociales: Informes sobre el desarrollo y evaluación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia); ponen de manifiesto el elevado número de personas que permanecen en el “limbo de la dependencia” y, aunque la cifra va disminuyendo paulatinamente, aún había 190.503 personas pendientes de recibir prestación a finales del 2014; si éstos se sumaran con aquéllos que tienen prestaciones, la cifra total ascendería a 933.316, lo cual supondría un incremento del 25% de las personas atendidas en el SAAD.
Actualmente, el perfil de los demandantes de las prestaciones públicas de dependencia muestra que algo más de la mitad (54%) tienen más de 80 años y si contamos a partir de los 65 años el porcentaje se eleva a casi tres cuartas partes del total (73%).
