Continuamos la publicación de la serie de artículos en los que, bajo el epígrafe de “Dependencia: ¿hacia un cambio de modelo?”, Rafael Ardura Urrea (@raualleshaus), CEO de Ibesco Social Care, analiza la situación actual y las perspectivas de futuro de nuestro Sistema de Atención a la Dependencia. En esta ocasión este especilista analiza el modelo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y las consiguientes deficiencias en cuanto a sus pilares fundamentales se refiere después de siete años desde que se aprobó esta Ley.
Cuadro resumen de la Ley de Dependencia en la actualidad
Debemos avanzar y analizar los recortes presupuestarios en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, durante algo más de éstos siete años de vida.
Las reformas introducidas en el SAAD son un reflejo de la política económica aplicada por el Gobierno correspondiente, cuyas actuaciones no están exentas de connotaciones ideológicas.
El análisis de los presupuestos consolidados de las CCAA en el periodo 2008-2011, una vez iniciada la crisis, muestra que ha habido dos etapas de política económica bien diferenciadas: la que transcurre de 2008 hasta mayo de 2010 y la que se inicia en la segunda mitad de 2010. El primer periodo se caracterizó por la notable expansión del gasto a pesar de la drástica contracción de ingresos, con la progresiva generación de déficits públicos abultados, unas dinámicas que se explican por la activación de los estabilizadores automáticos del presupuesto.
La segunda etapa, coincidente con el cambio del discurso económico dominante y los crecientes problemas de financiación de los sectores públicos europeos, está marcada por la articulación generalizada de políticas fiscales contractivas, reduciendo el gasto e incrementando los impuestos; así, a partir de mayo de 2010 se produce el despliegue generalizado de políticas fiscales discrecionales de carácter restrictivo.
En cuanto al SAAD, el núcleo central de los “recortes” se identifica con la Ley 20/2012 aunque hay una antesala con el RDL 20/2011 que retrasa el calendario de entrada de los dependientes moderados en un año (hasta 2013), si bien la mencionada Ley pospuso definitivamente su entrada hasta mediados de julio del 2015. La Resolución de 13 de julio de 2012 recoge el acuerdo del Consejo Territorial del 10 de julio de 2012 cuyas propuestas fueron recogidas en la Ley 20/2012. Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado para 2012, 2013 y 2014 han ido aprobando recortes presupuestarios como la suspensión del nivel acordado y la supresión de la bonificación de la cuota de la Seguridad Social del cuidador familiar.
El modelo asistencial empieza a cambiar
El cambio del modelo asistencial se completa con dos Reales decretos y una Orden de finales de diciembre del 2013, los cuales recogen las modificaciones en: el modelo asistencial (RD 1051/2013), el modelo de financiación de la Administración General del Estado (AGE) a las CCAA (RD 1050/2013) y el modelo del sistema de información del SAAD(Orden SSI/2371/2013).
Las medidas de ahorro del gasto público actúan de diferente manera; unas lo hacen conteniendo el gasto mínimo exigido a las Autonomías en la gestión de las prestaciones (simplificación de los grados de dependencia, reducción de la intensidad de las prestaciones, reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas, carencia de dos años en la prestación económica del cuidador familiar); otras inciden disminuyendo la financiación de la AGE a las CCAA (disminución de las cuantías del Nivel Mínimo, suspensión del nivel acordado) y, por último, otro grupo de medidas actúa recortando derechos o exigiendo mayor colaboración de las personas beneficiarias (retraso del derecho de entrada de las personas dependientes de Grado 1, incremento de los copagos, supresión bonificación cuota Seguridad Social).
Todas ellas tienen un objetivo común que es la reducción del gasto público en el SAAD consolidando unos presupuestos menores de los que se venían aportando hasta el 2012, con la consiguiente reducción de la protección social en atención a la dependencia cuando aún no se había terminado el proceso de implantación de la LAPAD (del 2007 hasta el 2015).
Autonomía de las Comunidades Autónomas en materia de Dependencia
A pesar de la amplia normativa dictada por el Estado para contener el gasto en protección social a la dependencia, las Autonomías tienen plena potestad para dotar sus presupuestos por encima de lo que les correspondería en estricto cumplimiento de las normas desarrolladas en la Ley 20/2012 y complementarias, pudiendo, por ejemplo, aumentar las intensidades de las prestaciones, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas, entre otras (Nivel adicional de financiación).
En los post siguientes realizaré una descripción de las medidas de los recortes presupuestarios del SAAD (Periodo 2011-2013) y estimaré la cuantificación del ahorro en el periodo 2012-2014. El ahorro estimado se compara con el cuantificado por el Gobierno en su Programa Nacional de Reformas del 2013 y se constatan las diferencias en los resultados entre ambas proyecciones.
Sobre el autor: Rafael Ardura Urrea
Rafael Ardura Urrea, CEO de Ibesco Social Care, es Licenciado en Derecho y ha desarrollado parte de su carrera profesional en temas inmobiliarios desempeñado el cargo de director en varias empresas del sector.
Gran estratega, ha estudiado a fondo todo lo relacionado con las personas mayores hasta conseguir ser un referente en el sector, advirtiendo del cambio que se avecina, dejando a un lado la atención asistencialista por una atención personalizada a los mayores. Gran defensor del envejecimiento activo y productivo, afirma que la tercera edad es una época de plenitud y es en la cuarta edad cuando se ve la necesidad real asistencialista y de cuidados.
