Lares Federación, entidad que agrupa a 1.050 centros y servicios de atención a los mayores de gestión solidaria en toda España, ha publicado su V Mapa Lares, un estudios que analiza por Comunidades Autónomas la situación de estos centros.
Las principales conclusiones de este documento son las siguientes:

• La deuda se disipa

La factura pendiente de las Administraciones con nuestros centros deja de ser el argumento protagonista del Mapa Lares. Se han disipado las importantes bolsas de deuda que sufrieron en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, donde ha quedado relegada a un mes de retraso en los pagos.
Los centros Lares de Canarias están a la espera de cobrar 400.000 euros de la Administración autonómica que paga la factura de las plazas concertadas con dos meses de retraso y sin abonar intereses de demora. En esta situación, los centros deben recurrir a pólizas de crédito hacer frente a sus pagos.
En similar situación están los centros de Illes Balears, con una deuda acumulada de 250.000 euros desde el 1 de enero de este año. En la Comunidad de Madrid el retraso en el cobro es de tres meses y sus centros salvan esta situación recurriendo a fondos propios.

• Precios congelados de las plazas concertadas

En líneas generales, los precios que las Administraciones pagan por las plazas concertadas tienden a permanecer invariables. No ha habido cambios en Andalucía, Aragón, Murcia, Navarra, Madrid y Cataluña. En Extremadura reciben el mismo importe desde el año 2008 y Castilla León desde el 2009 Canarias recibe un 10% menos por sus plazas concertadas y en Asturias el descenso es del 3,8%.
Han subido ligeramente los precios en Cantabria, Baleares, Euskadi (el 2% Gipuzkoa y 1% en Bizkaia) y el 2% en la Comunidad Valenciana.

• Valoraciones de dependencia por debajo del nivel real

Valorar a los dependientes por debajo de su nivel real de dependencia parece ser un recurso que se extiende entre las Administraciones para disminuir su factura social. Ante estas situaciones, son los centros los que asumen el deber ineludible de prestar unos cuidados altamente especializados que nadie les abona.
Esta situación es común en Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Navarra.
En Andalucía reconocen una evolución positiva en las valoraciones, y en Baleares, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Madrid y Valencia consideran que responden a criterios profesionales.

• Desigualdad territorial

La desigualdad territorial a la hora de percibir ayuda en situaciones de dependencia queda patente cuando se pregunta a las Asociaciones integradas en Lares Federación qué nivel de implantación tiene la Ley de la Dependencia en su Comunidad Autónoma.
Lares Canarias considera que en los 9 años de recorrido de la Ley, el nivel de implantación es del 25%. En la Comunidad de Madrid está valorado en un 50%. Baleares le adjudica un porcentaje del 60%. Y en Extremadura y Valencia, los profesionales de Lares han estimado que el porcentaje es del 65%.
En Andalucía consideran que la Ley está implantada en un 75%, igual que sucede en Galicia. Asturias le otorga un 80%, igual que La Rioja y Cataluña. Castilla y León y Navarra dicen gozar de un 90% de implantación.
En Euskadi matizan: valoran en un 100% la implantación de servicios y prestaciones, y entre el 80-90% si se toma como referencia el número de personas atendidas.
Y la mejor situación parece vivirse en Cantabria, que recibe una valoración del 100%, aunque asegura que hay indicios de retroceso.

• ¿Avanza o retrocede la aplicación de la Ley de Dependencia?

Nuevos gobiernos autonómicos y municipales, cambios en los equipos gestores, publicación de normativas, etc. son algunas de las cuestiones que pueden dinamizar o paralizan el desarrollo de la Ley.
Domina la impresión de que la Ley está estancada en Asturias, Galicia, Navarra, Extremadura, Valencia y Cataluña. Avanza en Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Murcia, que en los últimos meses aprecia un impulso digno de mención. El avance es más sutil en Andalucía y Euskadi. Y retrocede claramente en Aragón, Canarias y Madrid.

• Canarias vive una situación crítica

El V Mapa Lares pone de manifiesto la complicada situación que se vive en la Comunidad Canaria, presente en todos los indicadores negativos de este documento: una bolsa de deuda de 400.000 euros, una demora consolidada en los pagos de dos meses, un descenso del 10%, del precio de las plazas concertadas, retrasos en la valoraciones que suelen ser a la baja y un nivel de implantación del 25%, requiere un análisis individualizado.

• Incertitumbre sobre las subvenciones

El Tribunal Supremo daba en junio la razón al recurso de la Generalitat de Catalunya: el Estado no respetaba en las bases de las convocatorias de sus subvenciones la “competencia exclusiva en materia de asistencia social” de la Generalitat.
La primera consecuencia fue la paralización del reparto de la subvención para el apoyo a los gatos de las organizaciones del Tercer Sector.
Se espera del Alto Tribunal una sentencia de similar calado que afectará a la subvención con cargo al 0,7% del IRPF para la realización de programas de interés general considerados “de interés social”. Afectaría en el 2016 a un presupuesto de unos 230 millones de euros que llega a 6 millones de usuarios y afectaría a 30.000 empleos (datos estimados según la convocatoria de 2014).
219 centros Lares fueron subvencionados en 2014 con 4.083.906 €. Gracias a esta ayuda extra mejoran el equipamiento de sus servicios y realizan obras de adaptación y rehabilitación para adaptarlos, en muchos casos, a la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma. También acercan sus servicios a los hogares de los mayores, mejorando su calidad de vida y facilitando la permanencia en sus domicilios. Y así viene siendo desde el año 2000.
La sentencia del Tribunal Supremo dejaría en suspenso este tipo de ayudas hasta que se articule un nuevo sistema de distribución desde las Autonomías. Será un periodo de vacío en el que las organizaciones que trabajan a nivel estatal no podrán solicitar ayudas ni al Estado ni a las administraciones Autonómicas.

• Proveedor social: más allá del lucro

El artículo 16 de la ley de Dependencia, sobre la red de servicios de SAAD, dictaba que a la hora de contratar servicios con los centros privados concertados “se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al Tercer Sector”.
No ha sido así. desde Lares Federación se indica que las Comunidades no han dictado ni medidas legislativas ni administrativas concretas para valorar como proveedores prioritarios a las entidades sin ánimo de lucro. Han dejado así de lado las importantes ventajas sociales que conlleva la gestión solidaria, la inclusión de personas sin recursos y la implicación de la comunidad en la atención a dependientes. Esta es, sin duda. una de las recomendaciones recogidas en la Ley de Dependencia pendiente de retomar y materializar.