Las Administraciones están poniendo la salud en situación de quiebra, esta es la denuncia realizada por PIMEC y las entidades del sector sanitario, farmacéutico y de la dependencia de Cataluña se han unido para recalcar que la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos debe quedar por encima de cualquier coyuntura política.

Así, PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR) han hecho evidente su manifestar y denuncian de manera conjunta la dimensión del problema al que se está enfrentando la Sanidad sin que las Administraciones tomen las medidas necesarias para solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los ciudadanos en materia de salud en Cataluña.

Estas organizaciones afirman que “estamos en una situación insostenible y de máxima urgencia por la falta de corresponsabilidad de las Administraciones”, y consideran “inaceptable” que un derecho básico y fundamental como es la salud (incluyendo la protección social al dependiente) no esté garantizado.

Ante esta situación, exigen ser tratados “con el mismo sentido de la responsabilidad que el sector ejerce hacia los ciudadanos, a los que lleva años dando cumplimiento a sus derechos debiendo buscar recursos propios para no dejar de prestar el servicio y de proporcionar los medicamentos y productos empleados, poniendo en riesgo la propia viabilidad”.

En este sentido, el presidente de PIMEC, Josep González, advierte que «es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave problemática que atenta contra la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la dependencia, y pone en peligro miles de puestos de trabajo». Esta situación, además, ha supuesto un impacto directo en sus relaciones con clientes y proveedores, ya que «se han visto obligados a aplazar el pago a terceros, lo que genera situaciones de tensión, además del incremento de gastos financieros».

Para la presidenta de ACES, Cristina Contel, «las entidades sanitarias y sociosanitarias tienen a día de hoy una deuda acumulada del 33% de la facturación del mes de junio y el 100% de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y, por tanto, llevan más de cuatro meses prestando servicios sanitarios a la ciudadanía, pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, la seguridad social y demás impuestos. Todo ello, sin cobrar». Esto se traduce en un importe de deuda en torno a los 380 millones de euros por cada mes y afecta a 60.000 trabajadores que están en el convenio SISCAT (Sistema Integral de Salud de Cataluña).

Jordi de Dalmases, presidente del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, recalca que «estamos ante un problema que ha demostrado ser estructural”, y exige “responsabilidad a todos, porque la salud es una necesidad básica y todos tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para que este derecho esté garantizado».

Por su parte, Antoni Torres, presidente de la FEFAC, afirma que el gasto público en medicamentos en Cataluña “se ha reducido un 27% en los últimos cinco años», pasando de 1.863 M€ en 2009 a 1.355 el año 2014, es decir, 508 M€ menos, mientras que el presupuesto en Salud en el mismo periodo ha pasado de 9.400 M € a 8290, 1.110 menos. Esto provoca que «casi 1 de cada 2 euros de recorte en gasto de salud los han aportado las farmacias«. Hoy, la deuda acumulada es de 330 millones de euros de los medicamentos dispensados en julio, agosto y septiembre.

El vicepresidente de FEDIFAR, Vicenç Calduch, también muestra su preocupación por la situación de impagos que viven las oficinas de farmacia de Cataluña y ha reclamado que se ponga solución a un problema que pone en riesgo la prestación de un servicio básico para la sociedad catalana.

Por su parte, el presidente de FETOR, Santiago Maza, recuerda que el sector de la ortopedia ya se movilizó el pasado 5 de octubre contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos, a lo que hay que unir que «los pagos de las administraciones, por encima de los plazos legales establecidos, dificulta el día a día de muchas ortopedias, especialmente en unos momentos en que conseguir algún tipo de financiación es una tarea complicada».

Desde el sector de la dependencia, Vicente Botella, presidente de UPIMIR, reitera que «el sector social es un sector no financiero, que cuida y atiende a los ciudadanos más frágiles y con más necesidades, los dependientes”, y recuerda que «la mayoría de las empresas que lo engloban son Pymes». Ante esta realidad, denuncia que «no entendemos el continuado y progresivo desmantelamiento de la ley de la dependencia cunado el sector de la dependencia es la cuarta pata del bienestar de la sociedad».

Ante este preocupante panorama, estas entidades alertan de la situación y exigen:

• Que se arbitre y libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, suficiente para que les permita hacer frente a sus obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre, y que se determine un calendario de liquidación de la deuda restante.
• Que se cumplan los plazos de pago que la ley o conciertos determinan.
• Que se diseñe y se implante un nuevo sistema de financiación, ya que el actual ha demostrado ser ineficiente, que evite acumular retrasos que asfixian a los centros y farmacias.
• Que las Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales.