/p>El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, una norma pionera en España ya que es la primera de ámbito autonómico que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección.
Esta ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
Geriatricarea Ley de Servicios Sociales Andalucía
La Ley de Servicios Sociales andaluza es la primera que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección

Todo ello con el objetivo principal de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, además de mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
La norma también establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Junto a ello se incluye el de disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61% de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77% de las personas beneficiarias.
Junto a la relación de prestaciones garantizadas, el proyecto prevé otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas.
Otra novedad destacada es la creación de la Historia Social Digital para todas las personas usuarias de los Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de familia numerosa. Esta herramienta, similar a la del sistema sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con información precisa para la mejora de la atención prestada.
Igualmente, y con el mismo objetivo de mejorar la gestión, el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital para todas las personas con derecho a los servicios sociales.
La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales.
Además, el proyecto de Ley de Servicios de la Junta de Andalucía prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades proveedoras del sistema público.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, será «pionera» y marcará «un antes y un después» en el conjunto de España. En su opinión, «estamos en un momento en el que se está hablando permanentemente de recuperación económica, pero la crisis ha dejado tras de sí una desigualdad brutal, con miles de familias que están a día de hoy en riesgo de exclusión social» y, por ello, «tenemos que poner el foco en aquello que necesita especial mimo y atención».
En ese sentido, la Ley de Servicios Sociales viene para afianzar «el cuarto pilar del Estado del Bienestar», abundando en el trabajo del Ejecutivo andaluz para el «fortalecimiento de los servicios sociales comunitarios» y cumpliendo el compromiso de «atender a quien más lo necesita», afirma Susana Díaz. La nueva norma será la «garantía jurídica» de que cualquier andaluz que acuda a los servicios sociales va a poder participar en la elección del itinerario que necesitara para afrontar su situación y va a contar con «un profesional de referencia, que evalúe si los recursos y herramientas con las que se los atiende son adecuados y si están dando sus resultados».

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