Y es que hasta hace relativamente poco tiempo el número de ancianos era reducido, y su esperanza de vida menor, sin que las eventuales situaciones de dependencia constituyeran un problema social de relevancia porque se atendían en la esfera familiar y, muy minoritariamente, mediante la adquisición privada de los servicios necesarios. De ahí que el fenómeno social de la dependencia haya sido tradicionalmente descuidado y postergado en su regulación por los poderes públicos.
Tal y como expone la autora, la realidad actual impone avanzar en el campo de la protección jurídica y social para atender una situación de necesidad, la dependencia, que no siendo nueva, ha adquirido una especial relevancia política, social y jurídica como consecuencia de la combinación de diversos factores, entre los que se encuentra el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas o la crisis de los sistemas tradicionales de cuidados familiares o informales.
Ante este contexto, debe ser el Estado social el que proporcione a sus ciudadanos una mínima seguridad frente a las situaciones de necesidad en la que puedan encontrarse, facilitándoles los medios precisos para eliminar los obstáculos que les dificultan o impiden alcanzar los objetivos humanos de realización plena de la autonomía y la independencia del individuo, favoreciendo la igualdad entre todos los ciudadanos.
En La protección de las personas en situación de dependencia se expone que la solución a esta cuestión social supone la ampliación del Sistema de protección social, que permita a las personas con falta de autonomía e independencia ver mejorada su situación social, desarrollar sus vidas en un ámbito global, con estricto respeto de su autonomía personal y alcanzar una vida plenamente independiente y participativa, tomando ellas mismas la dirección completa de su propia vida.
El Estado trata de dar respuesta a la intensa y creciente demanda de protección de las personas en situación de dependencia con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (BOE Núm. 299, de 15 de diciembre de 2006), una Ley que representa un importante avance de nuestro Sistema de protección Social, al regular las condiciones básicas dirigidas a garantizar la igualdad en la atención a las personas dependientes sobre la base del reconocimiento de un derecho subjetivo y universal.
El objetivo de este trabajo de investigación es la exposición, manifestación y análisis de las oscilaciones y variaciones que ha sufrido tanto la ordenación jurídica como el modelo derivado de política jurídica nacional de reconocimiento en forma de titularidad, ejercicio y garantías de un derecho de ciudadanía que confiere un derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia en España.
La metodología utilizada para materializar la presente investigación se ha basado principalmente en un análisis del régimen jurídico de protección de las personas en situación de dependencia. Asimismo, se ha realizado una revisión bibliográfica y un estudio de artículos de revistas jurídicas especializadas en la materia abordada.
Este trabajo de Manuela Durán Bernardino se inserta en el debate actual del modelo más adecuado sobre el que se ha de instaurar el Sistema que, pese a nacer con la finalidad de atender y cuidar las necesidades de las personas en situación de dependencia, está encontrando serias dificultades para su efectiva consolidación y desarrollo, lo que exige su urgente remodelación.
A tal fin, las aportaciones de este trabajo pueden contribuir a la evolución positiva de la regulación vigente y a la mejora de las instituciones creadas.
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