Con el objetivo de concienciar e informar a la sociedad en general de la importancia de la prevención jurídica en casos tan particulares como en la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Privada de Notarios de Cataluña organizaron la jornada “Con prevención, mejor. Asesoramiento jurídico en la enfermedad del Alzheimer”.

• El poder general preventivo, que sirve para escoger la persona que queremos que administre nuestro patrimonio, y que se puede tramitar solo antes de la pérdida de la capacidad. Se puede indicar que sea eficaz desde su firma o bien que lo sea solo en caso de perder la capacidad, acreditada por informes médicos. Disponer de este documento disminuye la presión del cuidador y simplifica y abarata notablemente su actuación a nivel de representación jurídica y económica del enfermo en casos de pérdida sobrevenida de capacidad.
• La autotutela, documento que sirve para determinar quién queremos que se ocupe de nosotros y de nuestro patrimonio, en caso de que un juez decretara la pérdida de nuestra capacidad. Ejerce una función de prevención de un posible conflicto familiar por la disputa del rol de cuidador al ser el propio enfermo quien decide, cuando aún es capaz, la persona que considera lo cuidará mejor.
• El Documento de Voluntades Anticipadas, también conocido como Testamento Vital. Éste es un instrumento que, en la fase final de la vida, evita situaciones innecesarias que comportan más sufrimiento motivadas por el deterioro de un ser querido. Permite a la persona decidir, entre otros, si en un futuro quiere aceptar, o descartar, procedimientos terapéuticos específicos, así como designar un representante interlocutor con el personal médico si no podemos expresar nuestra voluntad por nosotros mismos.
• El Testamento, que permite determinar el destino de nuestros bienes materiales de acuerdo a nuestra voluntad, ya que si no se hace este documento, la ley decidirá por nosotros el destino de nuestros bienes.

Albert Domingo Castellà destacó también que los notarios, como funcionarios del Estado, trabajan para proporcionar la seguridad jurídica que recoge la Constitución y entre sus funciones está la de asesorar a los ciudadanos, de forma gratuita, garantizando que los negocios jurídicos se ajusten a las necesidades y a la legalidad.
En esta jornada también se abordó la problemática generada por situaciones donde la enfermedad ya está en una fase avanzada, y el afectado no puede tomar las decisiones por él mismo. En estos casos, el Código Civil prevé recurrir a la incapacidad y nombrar una tercera persona como tutor, a quien se le atribuye la potestad y la obligación de velar por el bien del enfermo. Dicha incapacitación, la puede tramitar y promover, por vía judicial, el cónyuge, los descendentes (hijos o nietos), los ascendentes (padres o abuelos), hermanos o el propio ministerio fiscal.