La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que intensificará sus inspecciones a centros de servicios sociales para garantizar el derecho a la atención integral y a la salud de los usuarios.
Por ello, el Departamento de Acción Social va a reforzar su servicio de inspecciones con médicos colegiados para que en ningún momento se ponga en riesgo la integridad de las personas mayores en situación de dependencia, porque «lo principal es salvaguardar la dignidad de las personas mayores en todo momento, no sólo en períodos de huelga», afirma la Diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles.
Y es que esta medida se adopta en un momento de gran conflictividad laboral. De hecho, el sindicato ELA ha convocado a partir de hoy dos semanas de huelga ininterrumpida en las residencias de Bizkaia en demanda de una jornada laboral de 35 horas, un salario «digno», mejoras en las bajas y permisos, y racionalizar las cargas de trabajo.
La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado la instrucción de actuaciones inspectoras a seguir por los y las profesionales del Servicio de Inspección del Departamento de Acción Social para garantizar que las personas mayores reciban siempre los cuidados básicos de alimentación, higiene o medicación y no se produzcan situaciones de falta de atención y conculcación de derechos fundamentales de las personas usuarias de los centros de servicios sociales del Territorio. Este procedimiento afecta a la plantilla y alcanza a las empresas que gestionan estos centros, ya sean residencias, centros de día o viviendas comunitarias.
De hecho, la Diputación Foral de Bizkaia tiene listo ya un equipo formado por inspectores y personal médico colegiado, para realizar inspecciones en todas las residencias de Bizkaia mediante visitas, solicitudes de información a los centros u otras acciones que se consideren pertinentes.
Con carácter prioritario, el servicio comprobará el correcto, suficiente y diligente cumplimiento de las actividades encaminadas a garantizar la alimentación, el vestido, la higiene, los cuidados de salud, la intimidad y la seguridad de las personas usuarias. De las visitas realizadas se levantarán diariamente las correspondientes actas de inspección.
Así mismo, el Departamento de Acción Social solicitará sistemáticamente a los centros de servicios sociales información periódica y detallada sobre el desarrollo de las actividades mencionadas. Y en función del resultado de las inspecciones, el protocolo contempla tres tipos de actuaciones en función de la gravedad:
- Ante las situaciones que se califiquen como críticas, esto es, que pudieran poner en riesgo inminente la vida de las personas usuarias, se deberá actuar de inmediato, sin esperar a terminar la inspección.
- Si las situaciones se estiman graves, se elevará un informe a la Autoridad Laboral instando a que adopte las medidas necesarias.
- Si las situaciones se entienden leves, se redactará un informe que se enviará a la Autoridad Laboral para poner esos casos en su conocimiento.
Desde la Diputación se afirma que, independientemente de la situación de conflictividad laboral que vive el sector, estas medidas se mantendrán en el tiempo y se adoptan para salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas más vulnerables en cualquier circunstancia, y en el caso de las personas en situación de dependencia que no pueden, por sí mismas, proveerse los cuidados necesarios, resulta de vital importancia salvaguardar la función de la prestación de los servicios en los centros.
