Cada día se producen en España 90 fallecimientos de personas dependientes que finalmente no pudieron ejercer su derecho de acceso a los servicios o prestaciones determinados en la Ley, tal y como refleja el Dictamen del XVII Observatorio Estatal de la Dependencia.
A juicio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), autora del Observatorio Estatal de la Dependencia, la reactivación del ritmo en atenciones registrado el pasado año es “claramente insuficiente como para dar respuesta a las 350.000 personas dependientes que permanecen en el ‘limbo’ de la lista de espera. A este ritmo, no se cubriría su atención ni en los próximos cuatro años”.
Y es que, tras diez años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, desde la ADYGSS se advierte que “estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera”.
Aunque la financiación no es el único problema que afronta la Ley de Dependencia, “es obvio que los recortes producidos y una visión cortoplacista de esta política social han generado enormes costes de oportunidad y, lo que es peor, un gran sufrimiento y decepción para cientos de miles de ciudadanos”, señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, a fecha 31 de diciembre de 2016 había en nuestro país 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Es decir, el 2,6% de la población española necesita apoyos, de mayor o menor intensidad, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De estas personas, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres, más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
Personas atendidas y personas pendientes de recibir prestación o servicio
En este momento el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 348.309 personas y a sus familias, denuncia el Observatorio Estatal de la Dependencia. Además, el 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esto supone que diariamente fallecen 90 personas dependientes sin haber llegado a poder ejercer su derecho a recibir las prestaciones o servicios que marca la Ley de Dependencia. Tal y como se indica desde la ADYGSS, aunque estas personas no fallecieron por esa causa, “sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”.
Fallecimientos entre 25.000 y 30.000 personas sin haber podido ejercer sus derechos en forma de percepción de prestaciones o recepción de servicios
El Observatorio Estatal de la Dependencia también pone de relieve el importante recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 3.7734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.236 millones de euros, y la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi 1.000 millones de euros que estas han dejado de percibir.
Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, además de “haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados”.
El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones: la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, muy lejos de la pretendida aportación al 50%.
El resto (1.455,3 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%. En este sentido, la ADYGSS advierte que existe otro “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados.
Desde el Observatorio Estatal de la Dependencia se denuncia también que desde el Ejecutivo se sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa «lentos, costosos, farragosos y nada garantistas».
Otros datos a tener en cuenta es que sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados (en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social), y se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión: nueve Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio; solo dos comunidades obtienen el notable, Castilla y León y La Rioja; recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura, y consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa Baleares y la Comunidad Valenciana.
Los interesados pueden consultar la completo el XVII Observatorio Estatal de la Dependencia aquí.
