Es más, Ciudadanos también propone un plazo de tiempo para eliminar de los conciertos a aquellas entidades que no se hayan adherido a un programa de eliminación de sujeciones, y promover al mismo tiempo, mediante los cambios pertinentes en la normativa de edificación, las reformas arquitectónicas y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones.
Esta PNL también contempla cambios normativos para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o neurodegenerativas llevar un registro de todos los pacientes, su estado mental y las causas que les lleva a estar con sujeción mecánica, entre otras cuestiones.
Además, se deberán realizar revisiones periódicas obligatorias de la necesidad o no de sujeción mecánica por parte de un facultativo ajeno al centro, perteneciente a algún centro de salud donde esté la residencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sin relación alguna con personal o propietarios que pudiera suponer conflicto de intereses.
Y es que, tal y como advierte el Dr. Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC, “se trata de un problema médico y sanitario, pero sobre todo humano”. En este sentido, ya en 2015 la Comisión Central de Deontología de la OMC realizó una declaración sobre la contención mecánica de pacientes, que recogía sus implicaciones legales, la necesidad de la existencia de procedimientos y normativas que contemplen lo adecuado de la prescripción, así como de su aplicación correcta, y el conocimiento por parte del equipo implicado, de la obligación de informar a la familia o a su representante legal sobre el proceso.
Para el Dr. Garrote el problema “es viejo y actual, porque no se ha conseguido darle una solución”. El documento de la CCD incidía en que el respeto a la autonomía del paciente debía llevarse hasta el límite posible en la aplicación de las mismas y proponía que estas medidas se incluyan en el Documentos de Instrucciones Previas.
Además, precisaba que era el médico quien debería pautar esta medida terapéutica, en una escala de medidas de protección que ya se hubieran agotado y mostrado ineficaces. También insistía en que en ningún caso se deberían aplicar para favorecer el descanso del personal o justificarse por la escasez de personal cuidador.
Aunque en España se desconoce la prevalencia del uso de sujeciones en los centros españoles, las estimaciones apuntan a que esta práctica podría oscilar entre el 20 y el 40% de los mayores atendidos en residencias. Los expertos destacaron que en España este tipo de sujeciones se utilizan “muy por encima de la media».
En este sentido, Antonio Burgueño, director técnico del Programa ‘Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer’ de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), apunta que “la excusa más común para atar, ya sea física o químicamente a los ancianos, es siempre la seguridad. A veces la familia, y muchas otras el personal de salud, afirman que lo hacen para que no se dañen, pero la sujeción genera un daño moral y no cura nada”. Para este experto, “ahora sí se habla sobre este asunto, pero antes era un tema tabú, a pesar de que sigue existiendo una gran opacidad y falta de transparencia que no permite llegar a conocer la dimensión de esta realidad”.
En esta línea, Rubén Muñiz, especialista en sujeciones de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares con Alzheimer (CEAFA), recalca que “evitar las sujeciones químicas o impedir la prescripción inadecuada de psicofármacos en personas mayores con demencias tipo Alzheimer es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestros centros residenciales”.