En primer lugar, se ha creado una prestación vinculada al servicio de teleasistencia que permitirá, además, incorporarse al mismo a entre 200 y 300 personas. La nueva normativa garantiza que el pago de esta ayuda, que cubre todo el coste del servicio, coincida con el momento en el que el dependiente accede al servicio privado, de forma que no tenga que adelantar dicho dinero.

El servicio de Teleasistencia se basa en la línea telefónica y en un equipamiento de comunicaciones e informático específico, con apoyo de los medios personales necesarios. Cuenta con tres tipos de dispositivos que se instalan en los domicilios de los usuarios en función de las necesidades que presenten: teleasistencia fija, teleasistencia móvil y telelocalización.

La teleasistencia fija, la más común, se realiza únicamente dentro del domicilio a través de un dispositivo o terminal de telefonía fijo. Dependiendo de las necesidades de la persona, podrá llevar asociados uno o más dispositivos periféricos, adaptados a deficiencias sensoriales, que identifican y alertan de posibles situaciones anómalas dentro del domicilio como la falta de movilidad, caídas o fugas de gas o monóxido de carbono, etc.

La teleasistencia móvil actúa dentro y fuera del domicilio del usuario, a través de terminales de telefonía móviles adaptados tecnológicamente para el uso por personas mayores y/o con determinadas discapacidades.

Por último, la telelocalización consiste en la utilización de dispositivos que emitan alarmas y permitan la localización de forma remota de la persona usuaria ante situaciones potencialmente peligrosas en una zona delimitada de seguridad o riesgo.

Acceder a este servicio de forma privada tiene un coste máximo de 17 euros al mes, que podría llegar hasta los 27 si se incluye algún dispositivo periférico, como un detector de caídas, un dispensador de medicación, sensores de ocupación de cama o sillón o detector de monóxido de carbono.