Una vez hechos públicos los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia al finalizar 2017, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) se advierte que una de cada cuatro personas dependientes terminaron el año en el “limbo» de la dependencia.
Y es que 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,7% de la población); de ellas 954.831 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 310.120 (25%) están en lista de espera. Del total de las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
A juicio de la ADYGSS, los datos del pasado año confirman una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados en julio de 2015.
Pero a pesar del incremento en 89.267 beneficiarios del Sistema en 2017 (+10,3%) esta Asociación destaca que se confirma la tendencia hacia un sistema de atenciones «low cost» con «atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo».
Durante 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas, y a ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera. «Resulta especialmente preocupante que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 120.368 personas. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos», indica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El propio Ministerio reconoce en sus informes que, en 2017, una de cada cuatro de las personas con derecho a prestación que han causado baja (la inmensa mayoría por fallecimiento), no se encontraban recibiendo su correspondiente prestación.
Las Comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año, han sido Navarra (25,9%), Castilla La Mancha (24,5%), Aragón (21,8%) y la Comunidad Valenciana (19,3%), y únicamente una Comunidad, La Rioja, decreció en número de atendidos (-2,3%). La ADYGSS se muestra especialmente preocupada por la situación de Catalunya, que cuenta con la mayor tasa de lista de espera (37,1%). Al actual ritmo, esta Comunidad precisaría de más de once años para absorber la lista de espera.
A destacar también que la aportación de financiación finalista de la Administración General del Estado para las comunidades autónomas apenas supone el 17% del total, mientras que las CC.AA. aportan el 63% y los propios usuarios el 20% restante.
La ADYGSS denuncia que el Gobierno de España incumple una la Ley de Dependencia, amparada en el artículo 149.1.1ª. de la Constitución Española, ya que debe garantizar financiación suficiente para el ejercicio de los derechos con independencia de la comunidad de residencia.
«Es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema, y hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la “garantía del derecho subjetivo” de las personas en situación de dependencia», concluyen desde esta Asociación.
