El Círculo Empresarial de Atención a las Personas – CEAPs ha mostrado su desacuerdo con los presupuestos 2018 presentados por el Ejecutivo para el Sistema de Atención a la Dependencia. En palabras de su presidenta, Cinta Pascual, “una vez más se presentan unos presupuestos insuficientes y alejados de la realidad que necesitan las personas dependientes”.
Y es que el Gobierno plantea un incremento prácticamente testimonial (solo 46 millones de euros), calificado desde el CEAPs a todas luces insuficiente para las necesidades actuales de las personas dependientes. Y es que, distintas entidades sectoriales cifran la necesidad de aumento de presupuesto, en la actualidad, en más de 300 millones de euros.
“Las Administraciones, y el Gobierno al frente de ellas, todavía no están concienciadas de la necesidad de apostar por el sector de asistencia y atención a la dependencia. La necesidad de un presupuesto mayor, y de carácter finalista, es esencial para el estado de bienestar de nuestros mayores y dependientes, y para poder hacer frente al envejecimiento real de nuestra población que se avecina. Hay que estar preparados para ello, y los administradores del sistema parecen no darse cuenta”, denuncia la presidenta de CEAPs.
Equiparación del IVA que pagan mayores y dependientes
Además de solicitar un incremento presupuestario, el CEAPs está promoviendo un Manifiesto por la equiparación del IVA que pagan las personas mayores por los servicios de atención a la dependencia. Hasta el momento se han adherido casi un centenar de organizaciones, entidades y empresas, tanto civiles como sociales y económicas, de todos los ámbitos territoriales, destacando asociaciones mayores, tanto estatales como autonómicas.
Recientemente, el CEAPs ha presentado a distintos portavoces parlamentarios una enmienda para la equiparación del IVA que pagan los mayores y dependientes, y considera que su aprobación, solicitada históricamente por el sector, puede ser la única medida efectiva que alivie el serio problema de financiación del que adolece la Dependencia.
En estas reuniones se ha presentado el Manifiesto y una propuesta de enmienda para los PGE 2018, elaborada por CEAPs, para la modificación de la Ley del IVA para el Gobierno que equipare el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados (4%) mediante la inclusión de dicha medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado, ya que “es de justicia social que se pague un mismo impuesto por un mismo servicio”.
En este Manifiesto se establece que esta equiparación es una medida necesaria:
Por justicia social
Porque no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. La medida afectaría positivamente a más de 200.000 mayores de toda España que actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales. Cada usuario ahorraría de media 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales.
Las características de los dependientes en España son las siguientes: el 67% son mujeres; el 75% de ellas tienen 80 años o más; el 97% tienen enfermedades crónicas; y el 67% de personas que residen en una residencia tienen un deterioro cognitivo severo. Existen 310.000 dependientes en España cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben porque están en lista de espera. Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho. España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada “revolución de la longevidad”. El número de personas mayores de 85 años o más va a crecer un 155% entre el 2015 y el 2051.
Porque es un derecho universal
El acceso a un servicio profesional es un derecho universal reconocido por la Ley 39/2006 (LAPAD)y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público. La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza privada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos.
Porque beneficia a los mayores de pendientes y a la economía
Ante el pequeño aumento de las pensiones del 0,25% para 2018, igualar el IVA al 4% sería una contramedida que aliviaría la situación de muchos dependientes. Una reducción del tipo de IVA, y la consiguiente reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de más de 1.200 € anuales, conllevará una ocupación plena de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Una disminución del tipo al 4% no solo respetará el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, sino que mejorará la recaudación del estado en 170 millones de euros y creará un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales. Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable.
