En el transcurso de la I Jornada de Atención a las Personas Mayores organizada por UGT, la Vicesecretaria General de este sindicato, Cristina Antoñanzas, ha reclamado la adopción de una «Ley Integral de Protección a las Personas Mayores que elimine toda discriminación por motivo de edad y reconozca la dignidad de nuestros mayores y el derecho a disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en el ámbito económico, social, cultural y político».
A su juicio, esta ley «tendría que ayudar a acabar con todo abuso, abandono y violencia al mayor y debería englobar todos los ámbitos que afectan al mayor, como la salud, la vivienda, y su protección económica, jurídica, cultural y de ocio».
Para la Vicesecretaria General de UGT, «las personas mayores representan una gran riqueza social y su aportación es fundamental para el desarrollo social y económico, pero parece que la sociedad está perdiendo ese reconocimiento hacia los mayores. Unos mayores que, según el Padrón, superan los 8,7 millones de personas (mayores de 65 años), el 18,8% del total de la población».
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Para Cristina Antoñanzas esta ley «tendría que ayudar a acabar con todo abuso, abandono y violencia al mayor»

En este sentido, destaca que del total de la población, el 6,1% tenía en 2017 más de 80 años, «edad a partir de la cual es probable que aparezca alguna dependencia, y de ellas el 57% eran mujeres». Además, según las proyecciones de población, «en 2050 las personas mayores habrán duplicado los números actuales, y por primera vez en la historia habrá más personas mayores de 60 años que niños».
«Este vertiginoso envejecimiento de la población y el aumento continuo de la longevidad representa una de las más importantes transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestro tiempo, a las que hay que hacer frente con nuevas políticas y programas relacionados con el desarrollo de los sistemas de salud, seguridad social, servicios sociales o bienestar», advierte Cristina Antoñanzas.
En su opinión, «la solidaridad intergeneracional se ha invertido. Ya no son las generaciones más jóvenes las que ayudan a los mayores, sino que son ellos los que están ejerciendo como cuidadores. Si no protegemos a nuestros mayores y conseguimos una población activa social y económicamente, que esté protegida y envejezca lo más saludablemente posible, será muy difícil lograr un futuro sostenible y seguro».
Por ello la participación de los mayores en la sociedad es un factor clave para el desarrollo social y «es necesario promover iniciativas que estimulen su actividad en la vida social, familiar y política. Mantener la autonomía de las personas mayores debe ser un objetivo primordial, a través de políticas que impulsen un papel más activo en nuestra sociedad».
Además, desde la UGT se recalca la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de las personas mayores, «que han visto reducido su nivel de pobreza no porque se haya incrementado su poder adquisitivo, sino porque la población española, en su conjunto, es más pobre».
En este sentido, para la Vicesecretaria General de UGT, «las reformas del Gobierno están suponiendo una pérdida del poder adquisitivo de nuestros mayores. Medidas como la subida de impuestos, el casi estancamiento de las pensiones o el incremento de las tarifas de los servicios básicos como la luz, el agua o el gas están impactando en la capacidad económica de nuestros mayores».
Una situación que se agrava «por la falta de adaptación de los servicios públicos a las necesidades específicas de las personas mayores. El sistema de los servicios sociales debería definirse como un elenco de derechos subjetivos de protección social universal, constituido por un conjunto de prestaciones y una red de servicios semejante en todo el Estado, coordinada y gestionada por las Comunidades Autónomas».
Por todo ello, Cristina Antoñanzas reivindica «una política integral de protección y cobertura de las necesidades de la población ante las consecuencias de la crisis económica, de los recortes sociales y de las restricciones del gasto público, prestando más atención a las personas mayores a través de medidas que garanticen una renta suficiente que permita una vida y un bienestar económico y social dignos».
Y para lograrlo es necesario «un nuevo enfoque del envejecimiento y una nueva concepción del mayor, situando el envejecimiento como un hecho positivo y no como un problema y gasto social; viendo al mayor como un ciudadano más, con posibilidades y exigencias de actuar y participar activamente y no como algo inactivo e improductivo; o una mayor educación social que prepare y motive una vejez activa, entre otras cuestiones».
«Se debe lograr una verdadera igualdad de nuestros mayores. Y los servicios públicos deben adaptarse a las necesidades específicas de este colectivo, garantizando una cobertura sanitaria total y garantizando los recursos económicos suficientes que les asegure una vida digna», concluye.

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