De hecho, esta Proposición de Ley ha sido calificada como una«chapuza jurídica» que costaría modificar posteriormente, y que según el Partido Popular está basada en una iniciativa legislativa antigua que fue presentada en el País Vasco. Además, contiene varias referencias a textos legales ya derogados y que los autores de esta iniciativa desconocen.
En palabras del Secretario General de AESTE, Jesús Cubero, “cuando tuvimos conocimiento de esta iniciativa parlamentaria en el mes de enero, nos pareció un disparate jurídico, un grave riesgo para la continuidad del sector residencial de mayores en la Comunidad de Madrid, y un incremento injustificado del precio de las plazas para todos los mayores de nuestra Comunidad».
Desde AESTE intentaron sin éxito reunirse con el Grupo Podemos «para tratar de poner sentido común en esta iniciativa». Además sus intentos con la Consejería de Políticas Sociales y Familia tampoco dieron sus frutos. «Tan sólo hemos podido mantener reuniones de trabajo con los Grupos de PSOE (Sr. Gómez Chamorro) y Ciudadanos (Sr. Alberto Reyero)”, afirma Jesús Cubero.
La Oposición en pleno había solicitado en varias ocasiones la revisión y actualización de la normativa vigente en materia de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, pero ante la inacción y parálisis de la Consejería de Políticas Sociales y Familia «el Grupo Podemos ha tomado esta desafortunada iniciativa por su cuenta, sin haber consultado con los agentes del sector (patronales y sindicatos)«, denuncia AESTE.
Desde esta Asociación se lamentan que el Grupo Podemos haya tomado esta desafortunada iniciativa por su cuenta, sin haber consultado con los agentes del sector (patronales y sindicatos) y advierte que a partir de ahora se abre un debate que difícilmente podrá concluirse en la presente legislatura.
Para AESTE, esta Propuesta de Ley, más allá de entrar a valorar la calidad ofrecida en los centros, fijando criterios objetivos, publicando métricas y niveles de satisfacción de los mayores y sus familias, y fijando objetivos y planes de mejora, se centra en fijar las características arquitectónicas de las residencias.
Además, esta Asociación destaca que se incrementan las ratios de personal de forma descabellada, proponiendo un nuevo incremento del número de funcionarios, y que los servicios de comedor y lavandería tengan que ser realizados de forma exclusiva por la Administración Pública.
La normativa indica también que se deben facilitar los datos personales de los residentes y trabajadores del centro a un Consejo de Residentes formado por los familiares de los mayores en cada centro. Dicho Consejo sería también responsable de la aprobación de los programas anuales de actividades y de la elaboración de los informes anuales de gestión.
Según Cubero, “en este texto tan desafortunado no se hace alusión a los asuntos que realmente preocupan al sector, como puede ser la calidad de los servicios ofrecidos, la transparencia en la publicación de datos para que los ciudadanos puedan elegir el centro residencial que más les convenga, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores o la formación necesaria para ofrecer un servicio de calidad».
Además, desde AESTE destacan que en este texto no se menciona en ningún momento cómo debe llevarse a cabo la integración sociosanitaria, no se habla de una historia social y sanitaria única y compartida, no se aborda la prescripción por parte del personal médico de centros residenciales ni sobre cómo se gestionará la prestación farmacéutica. «Es triste que sólo les importe poder acceder a los datos personales de los mayores, de sus familias y de los trabajadores. Es algo que no vamos a consentir y confiamos en que esta iniciativa acabe decayendo para poder abordar una nueva iniciativa legislativa en breve”, afirma el Secretario General de AESTE.