Así, a partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio. Anteriormente, el informe social necesario para el reconocimiento del servicio o prestación adecuado lo tenía que recabar la misma persona al inicio del procedimiento, sin saber aún si iba a tener reconocimiento formal de su situación de dependencia.
Otra novedad del nuevo Decreto es que establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, así como para personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular los menores de edad.
El Decreto incorpora un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses. Los niños y niñas de entre 0 y 6 años también tendrán un profesional de referencia a su lado para todo el proceso.
El Decreto también amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013, se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia (la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación de Asistencia Personal).
El nuevo Decreto establece unas cuantías mínimas para las prestaciones económicas, en concreto un 33% de la cuantía máxima que le corresponde a la persona para la Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar y de un mínimo del 10% en cuanto a las Prestaciones Vinculadas y para las de Asistencia Personal.
Desde la Consejería de Bienestar Social también se destaca que, por primera vez en la normativa de la región, se recoge la posibilidad de compatibilizar el servicio de Centro de Día de atención a personas con discapacidad y con grado III de dependencia con un 50% de la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar, y que se mejoran también las Prestaciones Vinculadas al Servicio de atención para personas mayores que tengan un grado 2 y que estén en lista de espera de una plaza pública.
Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión tanto de grado como de PIA, o de su grado de dependencia, siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social. Antes, para solicitar una revisión de grado, se establecía un plazo de tres años y para solicitar una revisión de PIA, dos años.
En 2018 se atendió en Castilla- La Mancha a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA.
Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la consulta pública sobre el Decreto de creación del Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia de Castilla-La Mancha, un órgano de información, análisis e innovación de la realidad social de la región que la Consejería de Bienestar Social desarrollará en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
Entre otros objetivos, este Observatoirios analizará la situación actual y evolución de los Servicios Sociales y Dependencia de la región con el fin de mejorar el bienestar de las personas y la calidad de los servicios ofertados, favoreciendo la sostenibilidad del sistema público y su articulación con el Tercer Sector a través de las propuestas que se desarrollen.
Además, también servirá al desarrollo de las políticas sociales en Castilla-La Mancha, siendo una herramienta diseñada para mejorar las políticas de integración social, la organización de los servicios sociales, la atención a la dependencia, las condiciones en las que intervienen sus profesionales, así como para potenciar la participación de las personas y/o grupos de población vulnerables.
El Observatorio pretende contribuir también a la reflexión y mejora de la práctica profesional, promoviendo el trabajo interdisciplinar, un buen clima laboral que cuide a las personas cuidadoras, la agilización y simplificación de trámites, la formación continua, así como la evaluación de procesos y resultados.
Los ciudadanos, ciudadanas y las entidades que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados hasta el próximo día 25 de enero a través de correo electrónico transparenciabs@nulljccm.es
