La Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León, Acalerte, ha presentado alegaciones al decreto de la Consejería de Sanidad de esta Comunidad por el que se obliga a los centros residenciales de más de 100 plazas a disponer de Farmacia Hospitalaria, afirmando que es discriminatorio con los usuarios, paraliza la inversión el sector y se realiza sin dotar de una medida presupuestaria.
Desde Acalerte se considera que la Consejería de Sanidad propone un modelo incompatible con el que actualmente se aplica en Castilla y León y que “va en contra de la realidad del sector que se está adaptando al modelo “En Mi Casa” que promueven junto a la Consejería de Familia y que convierte a las residencias de mayores en auténticos hogares para las personas mayores, no en macrocomplejos asistenciales impersonales que no escucha a la persona y no dignifica a los profesionales”, tal y como afirma Diego Juez, el presidente de esta patronal.
Esta valoración realizada por esta organización regional, a la que pertenecen 230 empresas del sector de los Servicios Sociales en la región, se produce tras conocerse el contenido del proyecto del Real Decreto de la Consejería de Sanidad que traspone la normativa nacional y en la que se obliga a disponer de un profesional farmacéutico contratado en plantilla, es decir, con el certificado FIR (paralelo al MIR en medicina), la disposición de un laboratorio para fórmulas magistrales y de instalaciones propias de un hospital y que afecta también a aquellos centros que atienden a personas con diferentes capacidades.
Una medida que, tal y como denuncia Acalerte, sólo se aplica a los centros privados y concertados, ya que los centros públicos podrán seguir empleando los recursos del la Consejería de Sanidad (Sacyl) obviando las conversaciones mantenidas con el sector, y lastra el modelo que se está aplicando centrado en la persona que se está aplicando con éxito en la región. “No entendemos como se ofrecen dos modelos diferenciados desde una misma Administración, y más cuando el modelo sociosanitario conocido como ‘En Mi Casa’ es un modelo de éxito”, recalca Diego Juez.
Además, Acalerte advierte que esta medida se establece sin valorar la carencia de profesionales farmacéuticos con título FIR disponibles, y con tan sólo un plazo de 12 meses de tiempo para que los profesionales del sector puedan adaptar sus centros.
A todo ello hay que añadir que actualmente las residencias, que en el mundo rural son en muchos casos la única empresa abierta en algunos municipios, realizan las compras de los productos a la farmacia de cada localidad, por lo que la medida revertiría directamente en los pequeños negocios que no podrían seguir suministrando los productos debido a que los licenciados que disponen de un servicio público de estas características no disponen del título que se demanda en este decreto el FIR y del que tan sólo se han convocado 267 plazas para toda España.
“Hay que tener en cuenta que un centro residencial no es un hospital, es la casa de una persona con más de 65 años que requiere de una atención específica (apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria), que cuando se pone enferma acude al hospital donde sí deben existir esos recursos”, concluye el presidente de esta patronal.
