/p>El sector de Atención a la Dependencia atraviesa una situación «caótica«, entendiendo la definición que la Real Academia de la Lengua hace de la palabra caos como ‘confusión’ y ‘desorden’, tal y como denuncia el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) en un informe elaborado por Gerokon que acaba de presentar en el que se analiza la situación de la atención a la dependencia en las diferentes comunidades autónomas para ayudar a identificar y establecer áreas de mejora.
Este informe denuncia que, en contra de lo que se afirma en las disposiciones generales de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y más de doce años después de su aprobación, «las diferencias de aplicación de la misma en las diferentes comunidades autónomas, lejos de acortarse, se mantienen, e incluso podemos afirmar que se van agravando».
Este informe del CEAPS denuncia la diferente aplicación de la Ley de Dependencia en función de las Comunidades Autónomas

 
Desde el CEAPS se recalca que las comunidades autónomas están “abusando” de las prestaciones económicas para que las personas dependientes sean atendidas por cuidadores no profesionales, una medida que la Ley cataloga de excepcional, «sin que ello conlleve una mejora de la calidad de vida de las personas dependientes. Se echa en falta el establecimiento de sistemas de control al igual que se hace con el resto de servicios y prestaciones».
En el caso de la Prestación Económica Vinculada a la Prestación de Servicio (PEVPS), esta patronal destaca que 132.491 personas beneficiarias de la ley están recibiendo esta prestación con la que están comprando servicios a la iniciativa privada, el 12,75%. «Con estas ayudas económicas, las personas dependientes y sus familias están copagando básicamente plazas residenciales, algunas plazas en centros de día, y excepcionalmente ayuda a domicilio como es el caso de Extremadura. La PEVPS es una muy buena solución para muchas personas dependientes y sus familias porque supone empoderarlas para elegir el servicio que quiere recibir y la entidad que quieren que se lo preste».
No obstante, desde el CEAPS se advierte que salvo que se incremente la cuantía de las mismas, «la PEVPS no son una solución para aquellas personas dependientes con pensiones más bajas y con mayores cargas familiares que no alcanzan a pagar una plaza residencial, y mucho menos en aquellas zonas donde los precios de las residencias son más elevados, especialmente en algunas capitales de provincia».
Respecto a la atención en centro residenciales, este informe destaca que el peso de la oferta de centros de titularidad pública es cada vez menor y actualmente representan solo el 27% del total de las plazas, frente al 73% restante de titularidad privada. Además, el tamaño medio de los centros es muy dispar, «reflejo de la diversidad de modelos que se han promovido a lo largo y ancho del país, donde conviven centros de tamaños muy distintos, con grandes diferencias en zonas rurales, donde abundan los centros más pequeños».
Así, la oferta de plazas es muy irregular geográficamente. Cuatro comunidades que disponen de más de 15 plazas por cada 100 personas mayores de 80 años (Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura, y Castilla y León), y por el contrario, Valencia, Galicia, Canarias y Murcia la ratio es inferior al 10%, siendo esta última de un escaso 7,33%. Además, en la cobertura “pública” de atención residencial hay grandes diferencias por territorios: desde el 17,79% de plazas residenciales para mayores de 80 años en Castilla y León, al 7,45% de Navarra.
A todo ello hay que añadir que cada Comunidad autónoma dispone de marcos normativos propios que regulan los requerimientos mínimos que los centros residenciales tienen que cumplir para ser autorizados, lo que ha generado en muchos casos «marcos normativos obsoletos».
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La oferta de centros de titularidad pública representa actualmente representan solo el 27% del total de las plazas residenciales

 
Por otra parte, la Ley de Dependencia establecía que para poder atender a las personas dependientes acogidas al amparo de la misma, los centros residenciales deberían de estar acreditados. Es decir, se establecía una diferencia entre centros autorizados, aquellos que cumplían con la normativa vigente, y aquellos que además estuviesen acreditados. «Aunque algunas CC.AA. lo han intentado, no se han llegado a desarrollar registros de acreditación, pero si se esta constatando lo que hemos dado en llamar acreditaciones ‘Encubiertas’; es decir la exigencia de cumplir un mayor número de requerimientos si se quiere acceder a que la administración correspondiente concierte plazas públicas con centros de titularidad privada. De esta manera nos encontramos con que en estas comunidades, los requerimientos de atención a las personas dependientes no se establecen en función de las necesidades de las personas dependientes, si no de quien paga la plaza. Resulta ‘paradójico’, además, que en algunas de estas comunidades que requieren mayores exigencias, los precios de concertación suelen ser inferiores a los del mercado privado», incide este informe.
Respecto a los precios, si bien las tarifas diferenciadas por nivel de dependencia son lógicas, en la mayoría de las comunidades autónomas, «no siempre la tarifa evoluciona a medida que la persona dependiente va empeorando su estado, y desde luego casi nunca a la misma velocidad». A ello hay que añadir que en la mayoría de las ocasiones, «los modelos de concertación existentes en los diferentes territorios han ido evolucionando en función de la ‘tradición-cultura’ de los servicios sociales públicos, del momento ‘político’, y de las posibilidades de cada comunidad, de espaldas a la realidad de los centros y de los gestores«.
Respecto al control e inspección de los centros residenciales autorizados, es una labor que compete a las comunidades autónomas y que cada una «articula como puede o quiere». El CEAPS critica que hay comunidades en las que al menos una vez al año se producen inspecciones rutinarias, mientras que en otras no es así. En algunas, aquellos centros que tienen plazas concertadas son más inspeccionados que los que solo tiene plazas privadas, generando una situación en la que «en función de quién pague la plaza, se controla más o menos«.
Desde el CEAPS se aboga por caminar hacia un nuevo modelo de concertación que ponga a disposición de la persona dependiente y su familia una oferta lo más amplia posible, que abarque al mayor número de centros residenciales «para que pueda elegir aquel que más le convenga. Para ello, desde las diferentes consejerías territoriales habría que invitar a todas las residencias privadas a formar parte de la red de centros concertados, estableciendo un concierto por las plazas que cada centro quiera poner a disposición de la administración, sin contraprestación por la plaza no ocupada». El precio de las plazas sería el mismo para todos los centros y la cuantía variaría en función del grado de dependencia, y en consecuencia, de la intensidad y del modelo de atención.
En este informe el CEAPS también constata el gran desconocimiento que existe entre las personas en situación de dependencia y sus cuidadores sobre los servicios para mantener a las personas dependientes en su domicilio (Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Centros de Día), así como las grandes diferencias en las características, objetivos y condiciones de estos servicios en función del municipio o comunidad en los que se presten.
Los interesados pueden consultar y descargar aquí este informe al completo.

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