/p>Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia – SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados…) mejoraron, tal y como revela el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado como cada año por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
No obstante, aunque el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se reactiva, igual que ya ocurriera en los últimos años, esta “mejora” ha sido en gran medida a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas.
Durante 2018 la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD mejoraron, tal y como revela el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia

 
En este sentido, y a raíz de los datos aportado por este Observatorio, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se han establecido estas 20 claves de la situación actual que atraviesa el SAAD:

1. A fecha 31 de diciembre de 2018 había en España 1.304.312 personas en situación de dependencia reconocida y otras 128.568 pendientes de valoración. Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 72,5% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5% del total.
3. Durante 2018 han mejorado la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (nº atendidos, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados…).El sistema lleva dos años consecutivos de cierta reactivación y la lista de espera se ha reducido en 60.000 personas en el último año. Bien es cierto que las incorporaciones son mayoritariamente de personas con dependencia moderada (Grado I).
4. El 19,2% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 250.000 personas y a sus familias.
5. El 39% de las personas desatendidas (98.000), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
6. Durante 2018 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 30.400 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 80 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
7. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 5.406 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
8. La disminución de la financiación a las Comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154millones de eurosde quebranto para las arcas autonómicas.
9. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a 1.635 millones de euros dirigidos a ayudas económicas que estas han dejado de percibir.
10. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema en el intervalo junio 2012-junio 2015 (fase de demolición del SAAD). Desde junio de 2015 el sistema inicia una recuperación que parece consolidarse en 2018. Esta recuperación es a costa de las comunidades autónomas y de los copagos familiares.
11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2018 asciende a 8.252 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 6.922 millones. El resto (1.330 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supone un 20,6%.
12. Los costes de oportunidad por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2018 se cifran en una pérdida acumulada de 1.243 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar y mantener durante seis años 30.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.
13. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio. Se requiere de regulación de mercado en los servicios de cuidados, de normas que aseguren el acceso a los servicios mediante libre elección por parte del usuario y de inspección y control públicos adecuados. Es preciso mantener ciertas cautelas y controlcon este tipo de prestación. Es preciso además dar transparencia a los contenidos concretos de esta prestación en los datos del SISAAD.
14. Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.
15. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica. Solo dos comunidades autónomas aglutinan el 60% de la lista de espera de todo el Estado.
16. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.
17. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.
18. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2018, hay una ratio de 38 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%.
19. Con una inversión equivalente a la dispuesta en el último proyecto de PGE (415 millones de euros) aplicada íntegramente al nivel mínimo de financiaciónse atendería a 68.000 dependientes más y se crearían ex-novo 16.000 puestos de trabajo.
20. Cabe exigir a todo el arco parlamentario presente y futuro que preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de pacto y solo no deoportuna oferta electoral.
Los interesados pueden consultar y descargar aquí el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia.

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