/p>Castilla y León es líder en atención y gestión de la Ley de la Dependencia, según los datos aportados por el informe ‘El Caos de la Dependencia en España’ elaborado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).
Tal y como se destaca desde la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia de Castilla y León (Acalerte), este estudio pone en relieve la rapidez en la valoración y resolución de las solicitudes en la región y manifiesta el elevado nivel de gestión de las plazas públicas, concertadas y privadas de la región con la adaptación a los nuevos modelos, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, lo que marca la disparidad de criterios. De hecho, explica el porqué actualmente hay 19 interpretaciones sobre quién y cómo es dependiente, así como 19 interpretaciones sobre qué servicios o prestaciones hay que ofrecerles.
El informe ‘El Caos de la Dependencia en España’ se presentó durante una jornada organizada por Acalerte en el Museo Patio Herreriano

 
Según el informe, en Castilla y León la única subida del concierto público en los últimos diez años se ha producido en 2019 con un aumento del 1,2 correspondiente a la valoración del IPC. Según Acalerte, el gran problema de la Comunidad en aplicación de la Dependencia está en la financiación. “Creo firmemente que podemos estar en la cabeza de los servicios sociales en Europa si conseguimos mejor financiación, entendemos que debemos mejorarla no solo para dependencia sino también para las personas mayores”, afirmó Diego Juez, presidente de Acalerte, durante la presentación de este informe.
En su opinión, “si se equiparase la financiación a la gestión nos pondríamos por encima del resto de países de Europa. No debemos conformarnos con tener buenos informes cuando realmente deberíamos tener un sistema ejemplar, porque trabajamos por y para las personas”, resaltando que “si tanto el Estado como las Comunidades dedicasen el 2 por ciento del PIB a la Dependencia las personas realmente tendrían cubiertos sus derechos adquiridos en el denominado Cuarto pilar del Estado del Bienestar”.
Desde Acalerte se incide en que, según sus datos, existen diferencias de precios a lo largo del territorio nacional que llegan hasta el 40%. El precio medio de una plaza en el territorio nacional se sitúa sobre los 1.777 euros, mientras que la media en Castilla y León apenas cubre 1.350 ó 1.450 euros. “Con estos precios se hacen milagros gracias a la capacidad de trabajo de nuestras gentes”, afirma el presidente de Acalerte.
Otro de los puntos que esta patronal destaca del informe es que el 43% del dinero invertido en Servicios Sociales revierte directamente en el Estado. “El sector de la Dependencia no sólo se preocupa por las personas usuarias, sino por toda la población en general, sobre todo en el medio rural”, afirma Diego Juez, destacando que “cuando se habla de la España Vaciada hay que destacar la lucha contra la misma del sector de los Servicios Sociales ya que el 80% de los servicios para personas mayores se encuentran en el ámbito provincial y en muchos casos, los centros residenciales, son la única empresa de los municipios, generando empleo directo, profesionalizado, especializado y principalmente femenino, lo que logra crear arraigo en la tierra y eso es otro valor social añadido”.
Para finalizar, Diego Juez señaló que “con financiación digna y con la implantación definitiva del Modelo ‘En Mi casa’, en el que llevamos trabajando desde 10 años, se acabarían los problemas de contratación de personal, de falta de libertad de elección de las personas y crecería el mundo rural de la Comunidad”.

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