La Fundación Edad&Vida y Accent Social, entidad local que ofrece servicios sociales de proximidad, reclamaron en foro ‘Prestación de Servicios a las Personas: Qué, Quién, Cómo. Visión de expertos y usuarios’ más mecanismos de control que permitan asegurar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas, en especial a los mayores, ante la polémica generada en Catalunya por la ley de contratos de servicios a las personas, conocida como Ley Aragonès.
Uno de los temas principales que se abordaron durante esta jornada celebrada en el Col.legi d’economistes fue la necesidad de centrar el debate en la calidad del servicio que se presta a las personas y no en las instituciones o entidades que lo realizan, estableciendo mecanismos de control dirigidos a todos los operadores para garantizar ofrecer unos servicios de máxima calidad, priorizando la formación de los empleados y mejorando sus condiciones laborales.
Los profesionales reunidos en este foro expusieron la necesidad de asegurar un ambiente profesional en el que la prioridad sea ofrecer un entorno óptimo tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras, claves en la prestación de este tipo de servicios.
En este sentido, se debatió sobre el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocido como Ley Aragonès, que ha generado una importante polémica sobre quién debe prestar estos servicios (empresas especializadas, entidades del Tercer Sector o la propia Administración), dejando de lado el elemento más importante, el bienestar de las personas, advierten desde Fundación Edad&Vida y Accent Social.
Durante este encuentro también se puso de relieve la necesidad de crear nuevas estructuras de control que permitan evaluar la calidad de la prestación de los servicios más allá de la puntación técnica de las licitaciones públicas de servicios a las personas, un elemento de examen y seguimiento que ya existe en países como Reino Unido, donde el llamado Care Quality Comission (CQC) actúa como mecanismo independiente con capacidad ejecutiva para evaluar la prestación de los servicios sociales y sanitarios con funciones como controlar el registro de proveedores o supervisar, inspeccionar y valorar los servicios. Este mecanismo también ayuda a proteger a los usuarios de los servicios e informa a la sociedad de manera independiente sobre la situación de los mismos.
Durante su intervención este jornada, María José Abraham, directora general de Fundación Edad&Vida, destacó que “desde la Fundación Edad&Vida hace años que somos conscientes y defendemos la colaboración público-privada”, asegurando que “estamos convencidos de que hoy en día nadie se atrevería a dudar de la necesidad de que ambos sectores tienen que interaccionar y desarrollar soluciones colaborativas para satisfacer de forma eficaz y eficiente las necesidades de una sociedad cada vez más heterogénea, más compleja, con diferentes necesidades y mucho más demandante”.
La directora general de Fundación Edad&Vida advirtió que “en este momento alrededor del 20% de la población de Catalunya, casi un millón y medio de personas, tienen 65 o más años y todos ellos requerirán servicios de calidad. Por eso, como profesionales tenemos la obligación de encontrar la fórmula que asegure atender a todas las personas que lo necesiten”.
Por su parte, José Antonio Mur, director de Accent Social, recalcó que “nuestra sociedad requiere de un sistema de evaluación continua que actúe de manera autónoma para garantizar una adecuada calidad de los servicios, teniendo potestad incluso de finalizar aquellos servicios que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Solo así podremos asegurar un entorno profesional en el que la prioridad para todas y cada una de las entidades que prestan servicios a las personas sea precisamente el bienestar de las personas usuarias y de los trabajadores que proporcionan la atención”.
Finalmente, Mercè Corretja Torrens, directora general de Contratación Pública, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. señaló que “tenemos la suerte de que en Catalunya hay muchas entidades que desde hace muchos años han ocupado ciertos espacios que la Administración había dejado vacantes gracias a fórmulas de colaboración público-privada muy diversas. El proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas quiere asegurar que las entidades expertas puedan brindar bien sus servicios y por eso prevé limitaciones en cuestiones como el precio de los servicios o la prohibición de la subasta, entre otros aspectos”.
