La Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), la principal asociación de entidades privadas de servicios de atención a las personas mayores en Aragón, interpondrá un recurso ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón al Decreto 92/2019 publicado el 6 de agosto, por el que se regula la atención farmacéutica en las residencias.

A juicio de ARADE, de llevarse a la práctica esta medida tendría consecuencias nefastas para la óptima atención a los mayores, ya que este Decreto obliga a los centros de 100 o más camas a que se suministren con la farmacia de su hospital de referencia o disponer de un servicio de farmacia propio y contar con un farmacéutico en la residencia, «algo inasumible por las altas exigencias de las instalaciones y personal que impone este decreto a los centros», explica Paquita Morata, gerente de ARADE.

Dada la saturación de las farmacias hospitalarias y los problemas que se prevén en la dispensa de medicamentos, la aplicación de este decreto dificultará la óptima atención a los mayores y complicará un servicio esencial para los residentes, advierte la gerente de ARADE, destacando que «no se ha tenido en cuenta la inmediatez que necesitan las residencias para atender a sus clientes. Inconveniente todavía más grave en el caso de residencias del ámbito rural debido a la distancia existente hasta los hospitales de referencia. Cuando un usuario necesite por ejemplo un antibiótico o un cambio de medicación inmediata este sistema consideramos que va a ser totalmente ineficaz”.

Además, desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia se señala que las residencias de menos de 100 camas tendrán que proveerse de la farmacia que en adelante determine la Administración y, también podría darse el caso de que estas también tengan que recurrir a farmacias de la red de hospitales si ningún farmacéutico quiere concursar por ellas.

«Quieren cambiar un sistema de trabajo que funciona y que además va en contra de la libre competencia, pues ahora estamos obligados a proveernos donde nos dice la Administración», explica la gerente de ARADE. «Las residencias tendrán ahora que dejar de trabajar con sus farmacias de confianza, que han adaptado sus servicios con sistemas de dosificación y dispensación, que atienden urgencias y situaciones especiales y personalizadas, a otro sistema que por experiencia sabemos que va a ir en contra del servicio a los residentes», advierte Paquita Morata. «Las residencias en esta cuestión somos meros intermediarios, no somos hospitales, somos centros sociosanitarios y nos debemos a la persona mayor y al óptimo servicio a ellos», concluye.

Asimismo, desde ARADE también se lamentan que un decreto de este calado, después de estar años en preparación, se haya publicado en pleno periodo vacacional, el pasado 6 de agosto, sin haberlo notificado previamente a ARADE como representante de las principales entidades implicadas. Esta asociación cuenta con 77 asociados de las tres provincias aragonesas, entre los se encuentran empresas de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias para personas mayores.