Tras casi un año de negociación, la última reunión de la Comisión Negociadora del VII Convenio Marco Estatal de Dependencia ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre patronal y sindicatos, que han provocado la ruptura de las negociaciones.

Desde el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) se critica que esta reunión fallida venía precedida de ultimátum de las organizaciones sindicales de que, o bien se firmaba el Convenio, o bien se empezaba un ciclo de movilizaciones destinadas a denunciar la pasividad empresarial.

El objetivo sindical es el de conseguir un aumento de las retribuciones del 10% en dos años (2019 y 2020), reducción de jornada y otros aspectos laborables. Por su parte las patronales del sector exigen vincular subidas salariales a la mejora en la financiación de las plazas públicas por las Administraciones. Por ello, la patronal CEAPS ha propuesto trabajar para confeccionar un “preacuerdo de Convenio”, condicionado al correspondiente incremento de las tarifas por parte de las Administraciones Públicas, que permita un aumento de las retribuciones.

En este sentido, en caso que se opte por la vía de confeccionar un preacuerdo condicionado al incremento de tarifas, éste no puede contemplar el pretendido por los sindicatos en tan solo dos años, y «habría que buscar necesariamente periodos más prolongados para que esa adaptación sea factible y no genere perjuicios ni al sector ni a los usuarios», indican desde el CEAPS, la mayor asociación de atención a la Dependencia de España.

«Lamentamos profundamente que los sindicatos y otras patronales no entiendan que esta herramienta es la única que puede desastacar la negociación», explican desde el CEAPS, que entiende, igual que los sindicatos y que el resto de organizaciones empresariales, que es necesario un avance en las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia, pero discrepa con la parte sindical en el modo de acometer ese objetivo.

Por su parte, las asociaciones empresariales AESTE, ASADE y FED, que ostentan la mayoría en el banco patronal, han manifestado su más firme voluntad de continuar trabajando en la Mesa de Negociación para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de los trabajadores y de las empresas del sector de atención a la dependencia.

Desde estas asociaciones se afirma que «estamos totalmente abiertos a continuar con la negociación del Convenio Colectivo, y continuaremos trabajando por encontrar cualquier solución que sea viable y beneficiosa para ambas partes, siendo conscientes de que el trabajador es un elemento clave en un sector en el que la actividad esencial es el cuidado de las personas mayores. Es por ello que consideramos nuestro deber, conseguir una buena herramienta que pueda dotar de estabilidad al sector y sus relaciones laborales, y que, sin duda, no puede ser otra, que un convenio estable y consecuente con la realidad actual». Esto no supone «la cesión ante pretensiones que en la actualidad podrían considerarse utópicas, a la vista tanto de la situación de nuestro entorno, como de los indicadores macroeconómicos españoles e internacionales», afirman.

Entidades como Lares no acudieron a la reunión como forma de hacer público su desacuerdo con el enfoque de unos y otros. «No es posible negociar desde posiciones que no admiten alternativas y que solamente piensan en resolver las necesidades de una parte», explica el representante de Lares en la mesa de negociación. A juicio de Lares es un error que los agentes sociales actúen desconociendo que más de 10.000 personas mayores son atendidas todos los años en nuestro país en centros residenciales sin ánimo de lucro desde la solidaridad, ya que el sistema de dependencia las ha excluido de atención y carecen de recursos económicos para financiar el coste básico de una plaza privada.

Así mismo, desde Lares se afirma que es un error plantear crecimientos salariales desconociendo que las Administraciones Públicas en España están discriminando a las personas mayores en relación a las personas que se encuentran en situación de discapacidad y dependencia. Por último, desde esta entidad se entiende que tampoco puede negarse la falta de reconocimiento social que tiene el sector de la dependencia y sus trabajadores, y que ese reconocimiento debe pasar porque los propios actores promuevan un salario justo.

Por su parte, desde el sindicato CCOO se critica que la patronal, ante la última propuesta presentada por unanimidad por la parte social, ha dado un silencio por respuesta. Desde este sindicato se afirma que la propuesta de la parte social para el VIII convenio estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal garantizaba el salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales, una propuesta que ya había sido consensuada en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, entre los agentes sociales (CCOO y UGT) y las asociaciones empresariales (CEOE y CEPIME

«Durante el último año, las organizaciones patronales han mostrado una falta de respeto total hacia las trabajadoras y trabajadores del sector de la Dependencia, enlenteciendo deliberadamente la negociación con excusas y sin propuestas», afirman fuentes sindicales, desde donde se insta a la patronal a que «reconsidere su actitud aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que cuida a las personas dependientes».