Las mujeres son las que más sufren el maltrato entre las personas mayores, superando el número de casos a los varones en todas las franjas de edad: 29,49% frente al 15,38% entre 65 y 84 años (44,87%); 19,23% frente al 7,69% en el tramo de más de 85 años (26,92%); y 16,67% y 11,54% hasta los 64 años (28,21%), según los datos registrados durante 2019 por el Servei Especialitzat d’Atenció a Persones (SEAP) del Consell Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona), el único servicio de estas características que existe en España.

Durante 2019 el SEAP ha contabilizado 77 casos de personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad con sufrimiento emocional que han padecido diversos tipos de maltrato (una persona puede haber recibido varios tipos de maltrato): psicológicos (9,87%), físicos (22,08%), negligencias en la atención (33,77%), maltrato económico (23,38%), abandono (1,3%), abuso sexual (1,3%) y otros (28,57%).

Los casos del maltrato que fueron tratados por el SEAP vinieron derivados de centros de salud mental, Fiscalía y policía, servicios de orientación jurídica, centros de residencia y, en su mayoría, de los servicios sociales básicos de ayuntamientos. El SEAP ha solicitado durante el recién finalizado año 21 medidas cautelares para proteger a las personas mayores de estos posibles malos tratos (18 a Fiscalía y 3 directamente en los juzgados) de las que se tramitaron un total de 11.

Estos datos se presentaron en el marco de la jornada «Los riesgos de envejecer aquí y ahora. Un diálogo crítico sobre los malos tratos a las personas mayores», organizada por la Real Academia Europea de Doctores (RAED) y el SEAP. Este foro de reflexión sobre los malos tratos a los mayores trata de “poner en la agenda pública la situación de vulnerabilidad que sufren las personas mayores y que todavía no están suficientemente reconocida, siendo un grave problema social, económico, jurídico y sanitario que irá a más si no se ponen soluciones por el propio envejecimiento de nuestra sociedad”, tal y como afirma el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort.

En este sentido, el Dr. Josep Moya, psiquiatra y psicogeriatra del SEAP afirma que “la población envejece y tenemos una de las esperanzadas de vida más elevadas del planeta, lo que implica que las consecuencias de la de longevidad hará que el sistema sanitario tendrá que atender más casos de problemas de movilidad, de ictus, de Parkinson, de Alzheimer… de enfermedades derivadas del propio envejecimiento natural de las personas… y esto se está convirtiendo hoy en día en un problema para la atención sanitaria, incluida la pública, que está orientada a la eterna juventud, lo que se traduce en muchas ocasiones en un maltrato a los pacientes mayores que acuden, por ejemplo, a los hospitales públicos”. Para este experto “estamos en una sociedad de la exaltación de la Dieta Mediterránea, del ejercicio y de la vida saludable, pero realmente existe un problema sobre cómo la sociedad acepta el envejecimiento, el dolor e, incluso, la muerte”.

Y ante esta situación “la Administración Pública tiene una mirada alejada de la realidad, tiene poca sensibilidad y se ha preocupado poco sobre el trato que determinadas organizaciones han dado a las personas mayores y que en muchas ocasiones han acabado en abuso y en un maltrato económico, negligencia o, incluso, maltrato físico o psíquico hacia nuestros mayores”, denuncia Ester Fornells, coordinadora del SEAP.

“Muchas de estas personas viven solas, en residencias o en situaciones complejas que las hacen frágiles y vulnerables. Hace falta mayor sensibilización y hacer un trabajo en la sociedad en general y en las familias ya que la línea entre el maltrato y el no un buen trato es muy fina. De ahí la importancia de prevenir estas situaciones a través de servicios especializados como el SEAP”, señala Ester Fornells.

Un problema invisibilizado que comienza a salir a la luz

José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la RAED, señala que “en los últimos años ha emergido un nuevo y grave problema social: el maltrato a las personas mayores. Sin embargo, es necesario advertir que no se trata tanto de un fenómeno nuevo sino de la salida de su invisibilidad. En efecto, cada vez más emergen a la superficie casos de malos tratos a personas longevas o ancianas y ello acontece en un amplio abanico de modalidades, desde la negligencia y el abandono a la violencia física o el expolio económico”.

En este sentido, Ester Fornells afirma que “la vivienda y el dinero que las personas tienen depositado en los bancos son los dos asuntos en los que gira el maltrato económico. Hacer firmar a los ancianos que tienen mermadas sus facultades mentales poderes notariales para vender la vivienda o solicitar créditos con el aval de estos y cuyas viviendas acaban embargadas son casos que nos encontramos a menudo en el SEAP”.

En el maltrato económico están involucrados principalmente los hijos, aunque también se han encontrado casos de cuidadores que han logrado poderes notariales que perjudican el patrimonio del anciano. Según los datos del SEAP, en el 36,36% de los casos son los hijos los que están involucrados directamente en el maltrato a las personas mayores (sobre todo por motivos económicos), ya sean directamente ellos quienes realizan el maltrato (33,77%) o en connivencia con otras personas (2,6%).

Destaca también el dato de autolesiones de los ancianos con un 2,6% de los casos. Precisamente, mientras más ingresos tiene el maltratado, más lo padecen: los que tienen ingresos superiores de 569 euros al mes sufren el 50,65% de los maltratos, mientras que solo ha habido un caso de maltrato a una persona sin ingresos. En cuanto al deterioro cognitivo de las personas mayores maltratadas, el 45,45% tienen bien sus facultades mentales, mientras que el 15,58% tiene un deterioro leve, 10,39% grave, 9,09% moderado y un 19,48% sin valoración facultativa. El 48,05% de los maltratados no tienen un grado de dependencia aprobado por la Administración, el 37,66% sí lo tienen y reciben ayuda económica y el 14,29% restante tienen un grado de dependencia reconocido, aunque no reciben prestación económica.