A través de un comunicado, la FED (Federación Empresarial de la Dependencia) ha mostrado su “perplejidad” ante acciones llevadas a cabo por ciertas Comunidades Autónomas en las que se afirma que “los servicios sociales no deberían llevarse a cabo por empresarios, ya que éstos obtienen un beneficio por su trabajo y actividad empresarial”.
La última ha sido llevada a cabo por el Gobierno Vasco, que a través de su Consejera de Empleo, Beatriz Ortolazabal, ha firmado un proyecto de decreto que a juicio de la FED “atenta directamente contra las residencias privadas y en último término contra la iniciativa privada que ha sido capaz de crear miles de empleos y plazas donde atender a personas en situación de dependencia”.
Desde esta Federación se critican que las razones que justifican esa decisión. “Un empresario intenta por definición fabricar un producto u ofrecer un servicio de calidad ya que de lo contrario su producto o servicio no se utilizaría o tendría la vida muy limitada. Si ese servicio consiste en cuidar con calidad a personas en situación de dependencia, intentará hacerlo lo mejor posible. Empeño tan loable o más que cualquier otra actividad alternativa a la que pudiera dedicarse”, afirma la FED.
Esta entidad se pregunta si hay alguna evidencia sobre si las residencias públicas o gestionadas por el tercer sector ofrecen mejor calidad que las de las empresas privadas. También cuestiona si el precio que paga la administración a las empresas privadas es más caro que el que paga al tercer sector o es más caro que lo que le cuesta la plaza en las residencias públicas. “La experiencia nos dice que el coste de una plaza en una residencia pública puede ser el triple de los que nos pagan a los empresarios. Y, por otra parte, no existe ninguna diferencia entre el precio que pagan al tercer sector con el que recibimos las empresa”.
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia se recuerda que hay más de 285.000 personas atendidas en centros privados, lo que ha supuesto una inversión de más de diecisiete mil millones de euros por parte de los empresarios del sector, sin los cuales “no podría haberse desarrollado nuestra Ley de la Dependencia, o al menos al ritmo que se ha hecho”. Esta patronal destaca también que en España hay más de 200.000 personas en lista de espera (que deberán ser atendidas con los diferentes servicios del SAAD), lo que exige crear nuevas plazas residenciales para poder atenderlas.
“Se estima que una oferta razonable de camas se situaría en torno a las cuatrocientas cincuenta mil, por lo tanto hacen falta unas setenta mil nuevas plazas privadas, lo que supondría una inversión adicional de más de cuatro mil doscientos millones de euros. Los empresarios seguimos dispuestos a hacer esa inversión, si bien no podemos sostenerlas en el tiempo si la Administración no ofrece un precio plaza/día más ajustado a la calidad que se ofrece”, advierte la FED, concluyendo que “esa inversión, que estamos dispuestos a aportar los empresarios, justificaría más que sobradamente ese beneficio empresarial que se discute, ya que de lo contrario, ni habría inversión, ni el trabajo que día a día le dedica el empresario”.
Desde la FED se aboga por seguir progresando en la colaboración público-privada, ya que “la gestión indirecta de servicios públicos ha funcionado bien en España”, y se recuerda que, en Europa, la colaboración público-privada en el mundo de la salud “funciona perfectamente creando sinergias y aumentando la calidad de los recursos. Porque de eso se trata: del cuidado y atención de nuestros mayores. Y en ellos debemos centrarnos procurando los medios necesarios para servir a ese objetivo de calidad y no a otros intereses”.
