Desde la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha solicitado al nuevo Gobierno la regulación definitiva y urgente de la figura de la asistencia personal, que, transcurridos 13 años desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, continúa en el “limbo”.

Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE y vicepresidente del CERMI, afirma en un artículo de opinión publicado en el boletín ‘Cermi.es semanal’, que “tenemos que tener todas las posibilidades de alcanzar una autonomía plena y, para ello, es fundamental que el Gobierno sea consciente de la importancia de apostar por la autonomía de las personas y de que se trata de un derecho que tiene que estar garantizado en cualquier lugar del país”.

Queiruga califica de “intolerable” que “ni si quiera un 1% de todas las prestaciones para personas en situación de dependencia de nuestro país sean para asistencia personal. Muchas personas de nuestro grupo social siguen en la estacada, incluso hay seis comunidades donde no hay ni una sola persona con esta prestación y las iniciativas que se están poniendo en marcha son, en muchos casos, sucedáneos de asistencia personal, que en realidad no permiten desarrollar una verdadera vida independiente».

Igualmente, defiende que la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad tenga la misma fuerza que las leyes sobre otros asuntos. En este sentido, a su juicio “la legislación que los recoge tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha”, afirmando que, por ejemplo, “de nada nos sirve tener una normativa avanzada si a la hora de la verdad las empresas siguen sin reservar el 2% de sus puestos de trabajo a las personas con discapacidad”.

COCEMFE y CERMI han manifestado en reiteradas ocasiones su disponibilidad para colaborar con el nuevo Ejecutivo para que todas las administraciones públicas garanticen los derechos de todas las personas con discapacidad y su plena participación en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. En este sentido, COCEMFE hace hincapié en la importancia de que el Gobierno se vuelque en promover el cumplimiento de la normativa nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, contando en todo momento con la participación de las personas con discapacidad y su movimiento asociativo.

Tal y como afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, «la legislación que recoge los derechos de las personas con discapacidad tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha», y en este sentido «el nuevo Gobierno, y cualquier Administración, tiene que ocuparse también de que no se produzca ningún retroceso y de establecer un marco normativo y financiero que consolide el ejercicio de derechos y el acceso a las prestaciones, con independencia de la situación política del momento».