Consciente del reto al que se enfrentan las residencias privadas y los farmacéuticos de atención primaria (FAP) para mejorar la seguridad del paciente, el programa RESIFAP está acometiendo la revisión de tratamientos en pacientes institucionalizados para detectar problemas relacionados con la medicación que podrían comprometer la seguridad del paciente y el uso inadecuado de recursos públicos.
El programa RESIFAP se ha desarrollado durante un año en 23 residencias privadas de las direcciones asistenciales Norte y Noreste de Madrid y en el que se implicaron 50 médicos de familia y 24 médicos de residencia bajo el liderazgo y la coordinación de 14 farmacéuticos de atención primaria. Como ejemplo de su impacto económico, el estudio recoge que en solo una de las residencias adheridas al programa los FAP en un año hubiera supuesto un ahorro de 36.482 euros.
Tal y como afirma Rafael Aguilella Vizcaíno, miembro de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) y uno de los coordinadores del programa RESIFAP, “la población que reside en estos centros tiene edad avanzada, múltiples patologías y toma un gran número de medicamentos, un mix perfecto para que puedan aparecer problemas de seguridad relacionados con los fármacos. Poner en marcha programas de revisión de tratamientos en esta población institucionalizada debería ser una de las medidas prioritarias del abordaje del paciente anciano, porque además se alinea con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud”.
Aguilella destaca el papel del farmacéutico de atención primaria en la coordinación de los médicos de los dos ámbitos (residencia y Atención primaria) y en el proceso de decisión final de los tratamientos más adecuados para los pacientes. “Muchos centros privados cuentan con médicos en plantilla. Ellos son los que conocen al paciente y su situación clínica del día a día, estableciendo los tratamientos que ellos consideran más adecuados. Sin embargo, el médico del centro de salud es el que finalmente realiza las prescripciones con cargo al sistema nacional de salud de esos medicamentos. Cabe esperar, por tanto, una coordinación y una comunicación muy estrecha entre ambos facultativos. Sin embargo detectamos que no siempre es así”, asegura.
Mediante RESIFAP, los farmacéuticos de atención primaria revisan los tratamientos de los pacientes institucionalizados y realizan un informe con una serie de recomendaciones dirigidas a optimizar los tratamientos, poniendo el foco principalmente en la seguridad, pero sin olvidar aspectos clave como la efectividad o la eficiencia de los mismos. “Tres de cada cuatro recomendaciones realizadas por el FAP fueron aceptadas en las reuniones clínicas que manteníamos con los médicos de los dos ámbitos, un dato del que estamos muy satisfechos y que denota que nuestras recomendaciones son bienvenidas por los médicos y conllevan cambios en los pacientes”, reflexiona Aguilella Vizcaíno.
Beneficios para la salud y ahorro para el sistema público de salud
En los pacientes revisados dentro del programa RESIFAP, los farmacéuticos de atención primaria detectaron un «número importante» de posibles problemas relacionados con la medicación, “la gran mayoría relacionados con situaciones que podrían comprometer la seguridad del paciente”. Entre ellos destacan principalmente los tratamientos con una duración mayor a la recomendada, el uso de medicamentos sin una indicación clara, el uso de fármacos que podrían ser sustituidos por alternativas más seguras, el exceso de psicofármacos, y un gran número de casos en los que la medicación pautada en la residencia no coincidía con la prescripción en receta electrónica de los pacientes.
“Esto último nos preocupa bastante porque si el paciente ingresa en un hospital, la medicación oficial que consta que está tomando es la de la receta electrónica, por lo que es fundamental que esta información siempre esté actualizada”, explica Rafael Aguilella, que destaca que también se han realizado un gran número de recomendaciones orientadas a ajustar las dosis de los fármacos (principalmente en pacientes con insuficiencia renal), a iniciar algún tratamiento que estuviera ausente, y a facilitar la toma de medicación en aquellos pacientes con trastornos en la deglución.
El impacto económico estimado en un año asociado a los costes directos de los medicamentos de las recomendaciones aceptadas ascendió a 36.482€.
Además, el equipo del proyecto RESIFAP diseñó una herramienta que permite estimar el impacto económico de estas medidas. Para ello se realizó un pilotaje en una residencia del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes en el que participaron 88 pacientes de una edad media de 85 años y 9,17 principios activos. Los FAP realizaron 548 recomendaciones por posibles problemas relacionados con la medicación de las cuáles fueron aceptadas el 75%. El impacto económico estimado en un año asociado a los costes directos de los medicamentos de las recomendaciones aceptadas ascendió a 36.482 euros.
“Hablamos sólo de 88 pacientes que, además, fueron revisados dentro de las múltiples actividades que los FAP realizamos cada día. ¿Qué ocurriría si un FAP estuviera dedicado exclusivamente a revisar tratamientos de este tipo de pacientes institucionalizados? Que mejoraríamos la seguridad del paciente y, de forma indirecta, generaríamos ahorros al sistema sanitario”, asegura este experto de la SEFAP, que considera que si un proyecto como RESIFAP se generalizase en todo el territorio nacional “redundaría, además de en un aumento considerable en la seguridad del paciente y en la efectividad de los tratamientos, en un uso más adecuado de los recursos públicos”.
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En el caso de que se paute un pequeño exceso de medicación para que las farmacias podamos suministrar medicación con antelación (unos 15 – 20 días) cómo se puede hacer para que no haya problemas entre lo que se administra y lo que se pauta en la receta electrónica?