Ante la crisis sanitaria sin precedentes en la que nos encontramos genrada por el COVID-19, y con objeto de contribuir a eliminar toda vía de contagio posible, los Consejos Colegiales Sanitarios de Fisioterapeutas, Podólogos, Ópticos-Optometristas, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y de Dietistas-Nutricionistas han solicitado al Ejecutivo, de manera conjunta, la inclusión de estos profesionales entre los establecimientos de obligado cierre al amparo del RD 8/2020, restringiendo la actividad a las urgencias imprescindibles e inexcusables que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público.

Y es que, tanto por el número de ciudadanos y ciudadanas afectadas como por la extraordinaria exigencia que supone para los profesionales sanitarios, los tratamientos de los cuales tienen que dispensarse con plenas garantías de seguridad y atendiendo a la necesidad primaria de revertir la curva de contagio. En este sentido, desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, del Consejo General de Colegios de Logopedas, del Consejo General de Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales de España y del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, se manifiesta que:

No podemos garantizar evitar contribuir al contagio de nuestros pacientes y profesionales por los motivos que pasamos a exponer:

1. Nuestras intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el/la paciente.
2. La gran mayoría de los procedimientos terapéuticos se realizan por procesos patológicos que pueden ser aplazados por su carácter no urgente, para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a nuestros centros; en tanto que el riesgo que supone el desplazamiento y el contacto mantenido para realizar el tratamiento es mayor que el beneficio que producirían nuestros procedimientos terapéuticos.
3. El sector privado/liberal de la gran mayoría de nuestras profesiones, representa aproximadamente el 90% del total de nuestras colegiadas y colegiados, esto supone un total de 105.000 profesionales en España. En este contexto no disponemos de material de protección necesario ni para los pacientes ni para los profesionales, y tampoco podemos proceder a su adquisición debido a la carencia general existente.
4. Los modelos de propagación del virus aconsejan la restricción de movimiento de las personas, de manera que la asistencia de la ciudadanía con frecuencia a nuestros centros, y sin poder tomar las medidas de protección adecuadas, provocará un aumento en el número de contagios, aspecto especialmente capital si tenemos en cuenta que el sector poblacional que normalmente acude a nuestros servicios en consideración a su edad y patologías previas, es población de especial protección o bien población de especial cuidado por su capacidad de ser vector de contagio. Por todo esto se hace evidente que nuestros centros son espacios de alto riesgo para nuestros pacientes hecho que les provoca temor a la hora de asistir, y a su vez no podemos dejar de lado nuestro deber inexcusable, como profesionales sanitarios, de protegerles.

Tal y como apuntan los Consejos de estos Colegios Sanitarios, el pasado día 17 de marzo se hizo público el RD-Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-­19, en el que se indica la necesidad de «trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros».

Atendiendo a varias iniciativas legislativas de diferentes Comunidades Autónomas estos seis Consejos Colegiales de profesiones sanitarias consideran que deben garantizar únicamente la actividad de Fisioterapia, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia, Terapia Ocupacional y Dietética-Nutrición, exclusivamente en aquellas situaciones en las cuales la actuación urgente del/de la profesional sean fundamentales para la evolución del paciente.

En este sentido, los centros de las seis profesiones han decidido de forma mayoritaria, por responsabilidad, cerrar sus instalaciones para preservar la salud de sus pacientes y la de los propios profesionales, atender solo urgencias previa valoración telefónica, que puedan ayudar a evitar el colapso del Sistema Sanitario Público. Esta situación, unida a la Orden SND 232/2020 que indica que estos establecimientos pueden permanecer abiertos, provoca «una indefensión manifiesta para poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, ha determinado el Consejo de Ministros». Además, se recuerda al Ejecutivo central que «nuestros colectivos representan a centros en los que se realizan procedimientos terapéuticos específicos ambulatorios, sin ingreso, y no a centros sanitarios con servicio de hospitalización. Por lo que la regulación de ambos debe estar diferenciada por este factor».