Como población diana en riesgo extremo que son, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se exige a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas, cuyas remesas están llegando en estos momentos, a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden.
El CERMI también pide extender estas pruebas a las personas con discapacidad que viven en sus domicilios, que por sus grandes necesidades de soporte reciben apoyos por parte de asistentes personales y otros profesionales de la atención social directa, así como a estos mismos trabajadores.
A juicio del CERMI, la declaración oficial como servicios esenciales en esta crisis de salud pública de los distintos sectores sociales, entre ellos discapacidad y personas mayores, justifica esta priorización en la puesta en práctica del diagnóstico rápido del coronavirus, que permitirá dar respuestas preventivas, de contención y asistenciales más rápidas y eficaces.
«Los poderes públicos disponen de la información sobre la identificación y localización de los recursos residenciales y de apoyo a la autonomía personal de personas con discapacidad, por lo que no hay excusa para actuar con inmediatez, desplegando campañas de diagnóstico amplio en estos ámbitos de la atención social», afirman desde el CERMI.
No discriminar las personas con discapacidad en el acceso a las UCI
Esta petición se une a la realizada desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) para que los criterios de asignación de recursos y los sistemas de triaje en situaciones de emergencia que se apliquen por la crisis del COVID-19 no excluyan a las personas por tener una discapacidad preexistente.
Tal y como advierte el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “tener una discapacidad no implica menor calidad de vida, puesto que se trata de una situación social y no una condición médica, por tanto, no puede ser uno de los criterios de ingreso que se establezcan para la descarga de las unidades de cuidados intensivos ante la crisis del coronavirus en España”.
En este sentido, COCEMFE considera que los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de las sociedades científicas deben respetar el ordenamiento jurídico, el principio fundamental de no discriminación y los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad.
“Las personas con discapacidad debemos tener la garantía de que nuestra supervivencia es una prioridad”, afirma Queiruga, destacando que “la necesidad urgente de que el sistema sanitario establezca protocolos para emergencias de salud pública que garanticen, cuando los recursos médicos sean limitados, la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas que se adopten para salvar vidas”.
Por ello, COCEMFE, y todo el sector de la discapacidad del país, reclama a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad, y piden al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.
