Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) se ha mostrado su «indignacion y preocupacion» ante las declaraciones de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, referidas al trato a personas fallecidas en algunas residencias de mayores.

«La Ministra ha demostrado un profundo desconocimiento de los protocolos que se siguen en las Residencias de Mayores en los casos de fallecimiento y una gran irresponsabilidad creando alarmas innecesarias», afirma la FED en referencia a las declaraciones de la Ministra Robles contra algunas residencias de mayores, por haber encontrado las Fuerzas Armadas de la UME personas fallecidas en las habitaciones de los centros «como si se tratara de una grave negligencia que hay que perseguir, lo que demuestra no sólo desconocimiento sino una grave irresponsabilidad al transmitir una imagen alarmista creando desconfianza hacia un sector que en este momento está cuidando a más de trescientas cincuenta mil personas mayores», denuncia la FED.

«La Ministra debe saber que cuando una persona fallece en una residencia, debe permanecer en el centro bien en un espacio reservado para ello o bien en su habitación hasta que los servicios funerarios vienen a por el cadáver. Exactamente igual que como sucede en un domicilio particular. Pensemos en una persona que ha fallecido en su domicilio, y se encuentra en su cama, hasta que vengan los servicios funerarios que han llamado sus familiares. En ese momento, entran en el domicilio las fuerzas de seguridad y acusan a esa familia de convivir con un cadáver…. Eso es precisamente lo que parece que ha sucedido en esa residencia», explica la Federación Empresarial de la Dependencia.

Desde esta entidad se indica que si los servicios funerarios, al estar colapsados, tardan más de dos días en llegar no se puede acusar de negligencia a los centros, destacando que «si las propias autoridades están habilitando grandes espacios para llevar a las personas fallecidas, si los servicios funerarios se encuentran colapsados no podemos acusar de negligencia a un centro de mayores, el eslabón más débil de la cadena de atención, por el hecho de tener una persona fallecida dos días en el centro». En estos momentos, las residencias de mayores están atendiendo a más de trescientas cincuenta mil personas en cerca de cinco mil cuatrocientos centros en España, «con un comportamiento abrumadora y mayoritariamente ejemplar. Un comportamiento modélico con una falta de medios enorme«.

La FED aclara que las residencias son centros dónde se cuida las personas. No son centros para curar, no son centros sanitarios y, sin embargo, están haciendo un esfuerzo altísimo con los pocos medios de los que dispone. Esfuerzos que están llevando a cabo a través de un personal doblando turnos casi exhaustos. «Es absolutamente injustificable que la Ministra Robles venga a disparar alarmas y poner en duda la extraordinaria labor que se está haciendo en las residencias. Una labor que antes o después exige el reconocimiento de toda la sociedad», concluye la FED.

El sector solicita responsabilidad, rigor, profesionalidad y respeto

En este mismo sentido, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) exige “responsabilidad, rigor, profesionalidad y respeto” a los máximos responsables políticos en un momento de grave crisis nacional, especialmente delicada para el sector de atención a los mayores, que desarrolla su labor sin los medios de protección adecuados, ni materiales ni emocionales.

Esta entidad indica que las palabras de la Ministra de Defensa han causado un “profundo malestar” entre el conjunto de empresas y profesionales. “Somos un aliado especial y altamente profesionalizado que necesita apoyo, medios humanos y materiales. Para ganar esta batalla y es necesario trabajar juntos” explican en CEAPS, denunciando que el sector llava más de un mes «pidiendo medios, reclamando protocolos comunes, pidiendo al presidente y vicepresidente del Gobierno reuniones para poder abordar la atención a las personas mayores de la forma más adecuada y coordinada para evitar que el caos se produzca y hasta que éste no se ha producido no se han comenzado a tomar medidas”.

A esto añaden que “las personas usuarias no entienden de figuras jurídicas y las más de 5.400 residencias públicas, privadas o del denominado ‘sector social’ que existen en España viven situaciones muy diversas. No podemos permitir que se generalice y que el trabajo de las más de 190.000 personas y el cuidado de 380.000 personas esté en tela de juicio por informaciones sesgadas que alarman sobre todo, a las familias de los usuarios que residen en algún centro del país y que por imperativo legal no puede visitarlas en persona”.

“En unos centros mermados por las bajas los profesionales trabajan bajo mínimos porque antes de que los EPIS, mascarillas o batas lleguen a las residencias son ‘confiscados’ por el Estado debido a la ‘Alerta’ establecida por el Gobierno. Nosotros, hemos establecido unas pautas básicas para cada residencia que comienzan con realización de pruebas a los trabajadores, que ningún usuario que vuelve del hospital entre en un centro sin realizarse un test del coronavirus, que se desinfecten los centros donde exista algún positivo y que sólo se atiendan casos confirmados si existen las medidas de medicalización previstas”, explica el CEAPS, desde donde se indica que los centros se están reestructurando en pequeñas unidades de residentes para así controlar que en el caso de que exista un caso positivo no se extienda al resto del centro.