«Las autoridades sanitarias están negando la asistencia sanitaria a las personas mayores en los hospitales, lo que va a suponer un impacto brutal en toda una generación», tal y como denuncia AESTE, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
Según los datos de AESTE, la población que habita en los centros residenciales de la Comunidad de Madrid tiene una edad media de 80 años, y en más del 50% de los casos tienen varias patologías asociadas y están polimedicados, por lo que son un colectivo muy vulnerable ante cualquier tipo de infección vírica extendida en forma de pandemia.
Los datos publicados ayer por la Comunidad de Madrid indicaban que en este mes de marzo habían fallecido 1.065 personas que estaban en alguna residencia de la Comunidad (760 en residencias y 305 en el hospital), mientras que el número de personas fallecidas en el mes de marzo de 2019 ascendía a 900 según los datos aportados por la propia Comunidad de Madrid.
España cuenta con 366.000 plazas residenciales, más del doble de las camas del sector hospitalario en su conjunto. Y todas estas plazas residenciales, el 73% son de gestión privada, lo cual demuestra la importancia de estos centros cuyo trabajo diario es vital en la gestión de esta emergencia contribuyendo a evitar el colapso de la asistencia sanitaria de todos los hospitales, se indica desde AESTE.
Su secretario general, Jesús Cubero, “somos más de 300.000 trabajadores en todo el sector de residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio que estamos preparados y formados para cuidar -que no tratar ni curar-, y que estos días están doblando turnos y arriesgando su propia salud para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Una generación a la que debemos la Seguridad Social, el Sistema Sanitario y el Estado del Bienestar que ahora nosotros disfrutamos. Una generación que sacó adelante a sus hijos y nietos durante la última crisis económica, y que ahora se está viendo abandonada y maltratada por las autoridades sanitarias competentes”.
Desde hace semanas, bastante antes de que se decretara el Estado de Alarma, algunas residencias se habían anticipado y «tomado medidas preventivas, como la restricción de visitas y cierre de centros de día, contando en la mayoría de los casos con la oposición frontal de las autoridades competentes, para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y personal de los centros», asegura Jesús Cubero.
Ahora, «cuando los efectos de este descuido y de esta gravísima negligencia institucional están llegando a las residencias, la alarma social ha provocado que la UME, Guardia Civil y la Policía ofrezcan su ayuda humana por encima de su deber, procediendo a la labor de desinfección de espacios habitables y proporcionando el poco material de protección de que ellos disponen», advierte el secretario general de AESTE, quien destaca que “seguimos reclamando que no se rechacen los ingresos hospitalarios de las personas mayores. Tienen el mismo derecho a ser tratadas y curadas que el resto de la población. Si algún político piensa que no tienen el mismo derecho a la vida que los demás ciudadanos, que sea valiente, dé el primer paso y que lo diga claramente».
A juicio de AESTE se están dando «instrucciones cobardes de no aceptar los ingresos de personas mayores en los hospitales. Es una verdadera vergüenza”. Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia se siguen reclamando también los kits de diagnóstico rápido para los mayores y para los profesionales, los Equipos de Protección Individual, que se haga una desinfección y retirada rápida de los cadáveres en los casos de fallecimientos, y que se acepte el tratamiento a las personas mayores en los hospitales.
«Venimos reclamándolo desde hace dos semanas y los mayores siguen sin recibir esa ayuda necesaria. Las autoridades les están abandonando a su suerte», denuncia AESTE, la patronal que representa a los empresarios de los centros residenciales en CEOE, agrupando a los grandes operadores del sector de atención a la dependencia. Cuenta con 400 residencias y 54.600 camas; 230 centros de día con 11.500 plazas; da servicio de ayuda a domicilio a 36.000 personas y cuenta con 70.000 trabajadores.
