La crisis de COVID19 ha puesto de manifiesto que vida y los derechos de las personas mayores no valen igual. Un artículo de la ONG Grandes Amigos
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, proclama el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Esta Carta reconoce, entre otros, el derecho a la vida, a la asistencia médica y a un trato digno e igualitario a lo largo de toda la vida. Crisis como la actual del COVID19 no pueden justificar atentar contra los derechos humanos de las personas y los principios fundamentales de la bioética.
Pero el coronavirus, y en concreto la escasez de recursos para hacerle frente, está sacando a relucir la discriminación y el abandono que están sufriendo muchas personas mayores en nuestro país, especialmente quienes se encuentran en situación de discapacidad, dependencia o soledad. Todo ello, a pesar del esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas por frenar la pandemia, con agradecimiento especial a los sanitarios y a los cuidadores familiares y profesionales, que exponen su propia salud con el fin de protegernos a todos.
Lo que esconde la falta de medios
La propia carencia de recursos sanitarios está afectando directamente a toda la población, pero sobre todo a la más vulnerable al virus, las personas mayores, tal como indican las cifras oficiales: el 95% de los muertos tiene más de 60 años. El tramo de edad de 80 años en adelante concentra el 67,20% de los decesos pero solo el 7,02% de los ingresos en las UCI. Dicha realidad debería hacer reflexionar a las autoridades sobre si, en una supuesta sociedad del bienestar y de los cuidados, ha sido una prioridad o no el dotar del suficiente músculo al sistema de salud ante esta u otras emergencias.
Pero esta escasez de medios y plantillas está dejando al desnudo un problema más profundo e invisible hasta ahora: la infravaloración de la vida de las personas mayores. Empezando por la propia percepción social del riesgo que entrañaba el coronavirus. Hasta que no se han tomado medidas estrictas de prevención para toda la población y se han disparado las cifras de fallecimientos, la enfermedad se ha minusvalorado al extenderse la idea de que era un problema que básicamente afectaba a las personas mayores, como si importaran menos, trasladando un miedo generalizado a este grupo de personas.
Priorizar la atención sanitaria en función de la edad
El problema llega cuando los centros sanitarios se llenan y no hay medios para todos. Es injusto e ilegal priorizar la atención sanitaria de los pacientes teniendo en cuenta criterios de edad. Independientemente de las patologías previas que pueda presentar una persona, el acceso a recursos que pueden salvar la vida no puede depender de la edad, de la probabilidad de esperanza de vida, de sufrir deterioro cognitivo o demencias, de tener o no personas a cargo o incluso del valor social del paciente. A su vez, los mensajes que se lanzan sobre la inevitable muerte de las personas mayores afectadas, aparte de inhumanos, causan miedo y desprotección; y estos sentimientos serán difíciles de revertir entre la población mayor una vez se recupere la normalidad.
La gota que colma el vaso en las residencias
Pero el problema de esta discriminación por edad no es que sea fruto de un colapso puntual, sino de una percepción generalizada de la vejez, asumida como normal desde hace tiempo por la sociedad, por la cual la vida y los derechos de las personas mayores no valen igual. El COVID19 también está contribuyendo a que los efectos de esta discriminación social tan asentada afloren con extrema crudeza estos días en las residencias.
A pesar de que la población mayor haya sido definida como especialmente vulnerable al virus, muchas residencias no cuentan con los medios suficientes para proteger a las personas mayores ni a los profesionales cuidadores. Las residencias no son centros sanitarios ni deben serlo. Al revés, se trata de que sean la casa, el hogar, donde viven determinadas personas. Si bien se han venido dando pasos para la implantación de un modelo de atención centrada en la persona, la crisis del COVID-19 debe precipitar una reflexión inaplazable sobre las residencias en España.
Hay que priorizar los recursos suficientes, públicos y privados, para que estos centros y alternativas residenciales permitan a las personas mayores continuar su proyecto de vida con dignidad y disfrutando plenamente de sus derechos.
Medidas para un cambio en el trato a las personas mayores
Como entidad que trabaja desde hace más de 16 años por el bienestar, la dignidad y los derechos de las personas mayores, en Grandes Amigos exigimos un trato digno e igualitario para las personas mayores, durante esta pandemia y en adelante. Para ello nuestra ONG, junto con HelpAge International España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y el Cermi, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado para que tomen medidas sobre la situación que están sufriendo las personas mayores en España a consecuencia de la crisis del COVID19.
Asimismo, una vez superemos entre todos esta crisis, instamos a que la sociedad en su conjunto, desde los poderes públicos y privados a la ciudadanía, reflexione a fondo y cambie por completo la visión que tiene de las personas mayores y el valor que le da a este grupo de población.
Hoy 1 de cada 5 españoles tiene 65 añoso más. En poco más de cuatro décadas serán 1 de cada 3. El país que se encamina a ser el más longevo del mundo pone trabas a los derechos de las personas mayores, incluso en el día a día las infantiliza y las estereotipa. La de edad, además de injusta e ilegal, es la más absurda de todas las discriminaciones: quienes hoy tratan con desigualdad a las personas mayores, ya sea desde el ámbito institucional, profesional o personal, están alimentando su propia discriminación, la que sufrirán cuando les toque envejecer. Es hora de erradicar ya el trato desigual y discriminatorio a las personas mayores.
