Un mes después de la Declaración del Estado de Alarma, las patronales de servicios sociales sin ánimo de lucro reclaman a las Administraciones mecanismos de colaboración que permitan proveer la adecuada atención a los colectivos más vulnerables allí donde el mercado y el Estado tienen más dificultades para hacerlo, más aún si cabe en la actual crisis sanitaria como la actual, que se está configurando también como una crisis humanitaria y económica.

Las patronales de servicios sociales sin ánimo de lucro elevan así, con voz única, las necesidades de más de 30.000 entidades que atienden y protegen a las personas más frágiles y vulnerables, más de 7 millones de personas al año, y en las que desarrollan su trabajo 645.000 profesionales que representan casi el 5% del empleo de nuestro país y con las que colaboran más de 1.300.000 personas voluntarias.

Ante la pandemia que actualmente vive nuestro país manifiestan, estas organizaciones sin ánimo de lucro o de interés social, en su calidad de entidades representativas y negociadoras del sector, recalcan que la prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables, pero para garantizar la contención de la crisis sanitaria y romper la cadena de contagio, coherentemente con su consideración como servicios esenciales, reclaman ayuda a corto plazo, en concreto:

• Equipos de Protección Individual y la realización de pruebas de contagio para poder contener con mayor garantía la extensión del COVID-19, garantizar la salud de las personas atendidas y de todas las personas y profesionales que desarrollan dicha atención. Esta necesidad es especialmente urgente allí donde hay personas directamente expuestas a los efectos del COVID-19
• Garantizar la sostenibilidad económica de su actuación, presente y futura, lo que requiere una dotación económica adicional para hacer frente a refuerzos de personal, limpieza, provisiones, menores ingresos y el superior gasto producido por el alto número de bajas laborales
• Especialmente en los centros residenciales donde contamos con población de mayor riesgo, como son las residencias de personas mayores y otros centros residenciales, se requiere un mayor y más decidido apoyo del sistema sanitario para evitar la extensión de las dramáticas situaciones que venimos sufriendo
• Una especial atención, dentro de las medidas adoptadas dirigidas a las empresas, a la situación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que las dificultades de viabilidad económica de estas entrañan el riesgo de que miles de personas de colectivos especialmente vulnerables pierdan sus opciones de inserción laboral
• Un mayor compromiso público para suplir las numerosas bajas que se están dando en centros residenciales y de atención domiciliaria, y así poder garantizar el mantenimiento de una atención digna en estos difíciles momentos.

Estas entidades consideran necesario que las actuaciones desarrolladas por los proveedores de servicios sociales del Tercer Sector de Acción Social se mantengan, tanto en los servicios esenciales como en el resto. «De otra forma se producirá un retroceso inaceptable en la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad (muchas de las cuales además reciben servicios sociales no garantizados como derechos subjetivos) al poner en cuestión la viabilidad de miles de empleos y de las entidades que las están desarrollando», advierten, destacando que, «somos conscientes de que cuando pase la situación generada por la pandemia, la sociedad en su conjunto se va a ver afectada, y con más profundidad las personas más vulnerables y desprotegidas, que van a necesitarnos más que nunca».

Por ello, estas las patronales quieren recalcar el compromiso de los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro con las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, en coordinación con los esfuerzos de las administraciones, para lo que proponen:

1. Reforzar cualesquiera mecanismos que afiancen la función social que desempeñan las organizaciones mencionadas y que permita la sostenibilidad de las mismas proponiéndose a tal fin la generación de un Fondo de Contingencia, coparticipado por Estado y comunidades autónomas a través del cual se apoye económicamente a todos los centros y servicios sociales que garantice la continuidad de las personas y profesionales vinculados a ellos.
2. Crear un mecanismo de interlocución permanente con los proveedores de servicios del Tercer Sector de Acción Social, organizados a través de las entidades patronales del Tercer Sector.

Recientemente la Plataforma del Tercer Sector ha valorado positivamente el escudo social puesto en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia provocada por el coronavirus, pero pide ir más allá para proteger a corto, medio y largo plazo a las personas más vulnerables, ya que esta crisis sanitaria está desencadenando una crisis social que se prolongará en el tiempo, y que, según las previsiones, será más cruel que la de 2008.

Y es que pese a medidas como la moratoria de las hipotecas y alquileres, la prohibición de los desahucios, la extensión del bono social, las ayudas para paliar la pobreza infantil y facilitar la conciliación familiar, el subsidio temporal para las empleadas del hogar, entre otras iniciativas, las principales ONG del país aseguran que queda mucho por hacer y piden al Ejecutivo un mayor compromiso y diálogo real y efectivo para llevarlas a cabo.