Más allá de las consecuencias sanitarias y del impacto económico, los Servicios Sociales deben prevenir los riesgos sociales del coronavirus para mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables, tal y como advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y es que la epidemia de coronavirus está poniendo a prueba la cohesión social, y muy especialmente algunos colectivos y personas en exclusión social a las que, con frecuencia, «pasamos a convertir de víctimas en victimarios», indican desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta entidad destaca que en España había hasta finales de febrero, seis millones de personas usuarias de los servicios sociales. Personas que venían siendo atendidas por un Sistema de Servicios Sociales «disperso y maltratado por los efectos de los recortes salvajes, que dieron como resultado unos dispositivos residenciales y de atención domiciliaria que ya eran escasos e insuficientemente dotados y que han mostrado y se mostrarán en el futuro si nadie lo evita en absolutamente precarios para afrontar el tsunami del COVID-19″.

Y cuando afloren sus peores consecuencias sobre la pobreza y la exclusión social de enormes sectores de población el número de personas usuarias puede llegar a diez millones, incide esta asociación, desde donde se advierte que se volverán a hacer evidentes los efectos de esos mismos recortes sobre la Atención Primaria del Sistema «donde las decisiones se toman desde los Gobiernos Autonómicos y los Ayuntamientos a los que no acaba de llegar la financiación suficiente, ni siquiera la prometida por el Gobierno con ocasión del inicio del confinamiento».

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los gobernantes en este sector suelen hacer caso omiso de los profesionales e investigadores del Sistema que ya veníamos clamando en el desierto que los procedimientos administrativos para hacer llegar las prestaciones y servicios de los Servicios Sociales a los ciudadanos son tan complejos y eternos que finalmente se vuelven ineficaces». Y en este contexto, «no hay que ser adivino para saber que esta ineficacia se agravará en el afrontamiento de la situación de emergencia social que estamos viviendo y que aflora con más fuerza en la medida que se va superando la urgencia sanitaria».

La consecuencia, advierte esta entidad es «una bomba de relojería que de no desactivarse estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad«. Para evitarlo se considera imprescindible simplificar los procedimientos y actuar diligentemente, y se debe considerar el criterio de los profesionales, la prescripción facultativa de los Servicios Sociales como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.

En este sentido, frente al reparto de bolsas de comida hay que priorizar las prestaciones económicas hasta tanto se aprueba el ingreso mínimo vital y se agilizan los procedimientos de las rentas mínimas autonómicas, indica las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que destacan la necesidad de volver a valorar el medio millón de prescripciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar las tareas más adecuadas y reasignar con nuevas intervenciones a estas personas beneficiarias o a otras nuevas usuarias, especialmente las personas que vivan solas y sean mayores de 65 años.

También se reclama potenciarlos servicios de Teleasistencia y asegurar la atención a las 100.000 personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día que desde la declaración del estado de alarma están en sus domicilios, y continuar la tramitación de los expedientes de las más de 400.000 mil personas en situación de dependencia que están en las listas de espera, en algunas de las fases de los procedimientos y, priorizar la urgencia de la intervención.

«Casi la mitad de las familias atendidas por los Servicios Sociales tienen menores; tenemos que garantizar la continuidad profesional de los proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo«, señala esta asociación. En este sentido, en las zonas desfavorecidas o barrios altamente vulnerables considera imprescindible que se realicen planes específicos donde se facilite el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus necesidades básicas mientras no les sea posible desarrollar sus actividades económicas habituales. Las Entidades del Tercer Sector (al igual que se ha hecho con el sistema sanitario) deben poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los Servicios Sociales autonómicos y municipales aquellos centros y dispositivos que pudieran ser necesarios para atender necesidades de urgencia provocadas por la epidemia del coronavirus, concluyen desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde donde se propone afrontar este reto con las siguientes medidas:

• Con Justicia social frente a caridad
• Con Presupuestos públicos, gestionados con agilidad por Autonomías y Ayuntamientos
• Con Profesionalidad, con la prescripción facultativa de los profesionales
• Con Sensibilidad Social. Desde la cercanía y empatía
• Con Compromiso. Las personas vulnerables y la cohesión social son nuestra razón de ser
• Con Análisis. Agilidad de respuesta a la nueva situación, a las nuevas demandas y más personas en exclusión social
• Con Imaginación. Con nuevos recursos y más ágiles y nuevas modalidades de organización
• Con gobernantes que escuchan y consideren las orientaciones de los profesionales
• Con un Sistema Público de Servicios Sociales reforzado para parar la crisis social