Desde la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) se pide tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con Alzheimer ante la “nueva normalidad” para preservar la dignidad y el cumplimiento de los derechos de muchos miles de ciudadanos.
Tal y como pone de relieve CEAFA, desde la entrada en vigor del estado de alarma provocado por la crisis del COVID-19 alrededor de 200.000 personas afectadas por Alzheimer u otro tipo de demencia han dejado de recibir los servicios y atenciones especializados que ofrecen las Asociaciones de Familiares de Personas afectadas por estas enfermedades.
Así, las más de 315 Asociaciones confederadas, haciendo un ejercicio de responsabilidad y compromiso social, y siguiendo las directrices tanto de las Comunidades Autónomas como del propio Gobierno central, han cesado su actividad, lo que ha conllevado el cierre de los centros y recursos, el confinamiento domiciliario de los usuarios y la adopción de expedientes de regulación temporales de empleo para más del 80% de los 4.664 profesionales que integran las plantillas de estas entidades sin fines lucrativos. «Somos conscientes que a la fecha de redacción del presente escrito se están dando ya los pasos oportunos para facilitar la vuelta a la ‘nueva normalidad’, lo cual es un factor de optimismo que significa que se ve la luz al final del túnel de esta crisis que nos está tocando vivir; pero también es el momento de plantear algunas cuestiones de especial relevancia para el colectivo al que representamos y defendemos», advierten desde CEAFA.
En este sentido, con independencia de que el 90% de las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia tenga una edad avanzada y, por lo tanto, sean consideradas como población de elevado riesgo de contagio de coronavirus, CEAFA considera fundamental que aquellas Asociaciones que estén en disposición de hacerlo, puedan reabrir lo antes posible sus recursos, como manera de paliar la situación de deterioro incrementado que presentan la práctica totalidad de las personas con demencia tras dos meses de confinamiento; además de los problemas de toda índole que afectan a la persona que asume el cuidado principal.
Y es que, como apuntan desde esta Asociación, el confinamiento ha supuesto la ruptura instantánea de una rutina perfectamente asumida y asimilada por el paciente con demencia, quien ha visto trastocada su manera de vida: desaparición de horarios, no poder asistir al centro terapéutico de su asociación, no poder pasear (a pesar de estar contemplado en el correspondiente Real Decreto) sin ser increpado desde las ventanas y balcones, interrumpir sus terapias no farmacológicas específicamente concebidas y diseñadas para afrontar sus necesidades, no comprender la razón por la cual su manera de vida se ha visto quebrada…, son, entre otros, motivos más que suficientes para comprender que «el confinamiento domiciliario ha podido servir de barrera al contagio del COVID-19, pero, por el contrario, ha acelerado la evolución de la demencia, con lo que se han perdido años de calidad de vida en tan solo dos meses».
De hecho, este confinamiento está provocando un profundo deterioro en la salud física y psicológica de la persona que, conviviendo con el paciente con demencia, asume la responsabilidad de su cuidado y atención. «Si de por sí es dura y compleja la convivencia con un familiar con Alzheimer, más lo es cuando no existe ningún momento de respiro en el día, cuando no puedes hacer entender a la persona enferma la nueva situación, cuando eres increpada e insultada por tus vecinos cuando, haciendo uso de tus derechos amparados en el Real Decreto sales con tu familiar cinco o diez minutos a tomar el aire… Como consecuencia de todo ello, se espera en el corto plazo un empeoramiento importante en la salud de miles de personas cuidadoras que prácticamente han sobrepasado sus límites durante estos dos meses de confinamiento», advierte la Confederación Española de Alzheimer.
En definitiva, por los efectos que el confinamiento está provocando tanto en la persona enferma como en la que la cuida CEAFA considera que no se deben considerar los centros terapéuticos para personas con demencia como centros dirigidos exclusivamente a personas mayores y, por tanto, se debe permitir la reapertura de aquellos centros que puedan hacerlo lo antes posible, con el fin de poder paliar los efectos negativos que el confinamiento prolongado están generando sobre la salud de las personas en general y sobre la evolución de los estadios de demencia en particular. Esto es aplicable, además, a la persona que asume el cuidado y atención de un familiar con demencia, cuya salud física y psicológica también se está viendo resentida por este estado de alarma. Por ello, la reapertura de estos recursos terapéuticos en los procesos hacia la «nueva normalidad» no pueden ni deben relegarse a los últimos momentos o fases de la desescalada.
Además, se deben potenciar los servicios o atenciones a domicilio, entendidas no sólo como una oportunidad terapéutica para las personas con la enfermedad, sino también como momentos de respiro para las personas cuidadoras, sobre todo, en esos momentos en los que tengan que reincorporarse a sus obligaciones laborales, contribuyendo, de esta manera, a conciliar la vida personal con la vida profesional.
Por otra parte, la Administración, en sus diferentes niveles de competencia territorial, debe hacerse cargo de asegurar que todos los recursos de atención integral de la demencia dispongan de los elementos de protección indispensables para poder realizar su tarea, contemplando cuestiones como desinfecciones previas, dotación de EPIS, incluyendo guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, etc., garantizando la cantidad y calidad necesaria para prevenir al máximo el riesgo de contagios tanto entre los profesionales como entre los usuarios y familiares. Estos elementos de protección deberán extenderse también a los servicios de transporte adaptado de los que cuentan o disponen muchas de las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias.
A juicio de esta Confederación también se debe de recuperar al personal actualmente en situación de ERTE de una manera escalonada y adaptada a la capacidad operativa de los recursos para garantizar una adecuada ratio de atención. «La recuperación inmediata del personal, sin el centro tener capacidad suficiente, aboca a la inmensa mayoría de Asociaciones a su desaparición, provocando no sólo importantes pérdidas de empleo que deberán ser asumidas por el Estado, sino, lo que es más preocupante, el cese de la atención específica y especializada a 200.000 personas, de quienes también tendrá que hacerse cargo un Sistema bastante maltratado por la crisis del COVID-19», señalan desde CEAFA.
