Ante la pandemia de COVID-19 y las crisis producidas como consecuencia de ella, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha elaborado una serie de propuestas de acción que tienen como objetivo poner en marcha políticas y acciones adecuadas que refuercen y reorienten las actuales políticas públicas del estado del bienestar en lo referente al sistema de atención y cuidados a las personas mayores.
Y es que, una de las lecciones más positivas de esta crisis es la creciente sensibilidad social sobre la situación en la que viven las personas mayores y la necesidad de abordar respuestas y modelos que resuelvan el problema y la crisis de cuidados que tenemos y tendremos en el futuro, si no ponemos en marcha políticas y acciones adecuadas que refuercen y reorienten las actuales políticas públicas del estado del bienestar. «Es la hora de arrimar el hombro, de ser constructivos y de proponer entre todos ideas y medidas que puedan ayudar a la reconstrucción del país y el diseño de un estado del bienestar que no deje a nadie atrás», señalan desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores.
Esta entidad recuerda que las personas mayores representan un grupo muy heterogéneo con realidades, situaciones, condiciones económicas, y aspiraciones muy distintas. Por ello, considerarlo como un todo homogéneo, sería un rotundo error de partida para cualquier planificación sea en el ámbito social, asistencial o sanitario. También hay diferentes necesidades durante la vejez como consecuencia de algunas circunstancias que pueden producirse de pobreza, dependencia o discapacidad.
En este contexto, las personas mayores sufren restricciones y encuentran barreras en el ejercicio de sus derechos, y en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de las más pobres. España cuenta un marco legislativo poco garantista en relación con la protección y garantía de los derechos de las personas mayores, advierte la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores. Se producen numerosas discriminaciones por razón de edad y de condición económica de manera cotidiana en diferentes ámbitos de la vida, incluido el acceso a los servicios de salud y la elección del modelo residencial. También es recurrente asociar la vejez y la discapacidad a estereotipos que generan una visión negativa y uniforme de las personas mayores y las personas con discapacidad alejadas de la realidad.
Por ello es necesario elaborar políticas públicas y estrategias desde un enfoque basado en derechos y contando con la opinión de las personas mayores para la protección de sus derechos, que incluyan un programa de medidas de concienciación orientadas a modificar los estereotipos negativos de la edad avanzada y a revalorizar a las personas mayores, así como programas de formación para los profesionales.
Entre las propuestas más destacadas del documento elaborado por la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores se encuentra la puesta en marcha de un «plan de choque« de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, así como la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Además, se propone la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores y a hacer efectivos sus derechos.
Según estudios del Imserso, más del 80% de las personas mayores quieren vivir en sus casas durante toda su vida y que, cuando no puedan hacerlo, prefieren un lugar lo más parecido a sus hogares. Por ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores hace una serie de recomendaciones para caminar hacia un modelo de residencias que trabaje desde un enfoque de atención centrada en la persona.
Entre otras acciones, es necesario incremento de la ratio de gerocultoras/es en los centros existentes, plantear un nuevo diseño que garantice un ambiente más familiar para las personas mayores y profesionalizar el sector de los cuidados para apostar por un modelo de calidad. Debemos optar también por nuevos modelos arquitectónicos que incorporen garantías de atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida con profesionales que tengan formación en derechos, ética, relación de ayuda, entre otros. Además, también es esencial apoyar otros alojamientos o nuevos modelos residenciales, como el cohousing o las viviendas colaborativas.
Respecto al Servicio de Atención Domiciliaria, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recomienda configurar un conjunto de servicios integrados, que incorpore la atención sanitaria de los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia, centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal y la participación del voluntariado, entre otros. Asimismo, es necesario fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales.
Por último, las organizaciones que forman parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerdan que se debe garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, independientemente de donde vivan, y piden al Gobierno que apoye de forma decidida una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Naciones Unidas.
