La discriminación sufrida por las personas mayores o con discapacidad en el acceso a la sanidad durante la crisis del COVID-19 exige una profunda reflexión, tal y como señala el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, asegurado que, “como sociedad avanzada no estamos preparados para asumir que, ante la falta de recursos sanitarios, haya que escoger quién vive y quién no”.

“Pero llegado el momento, también por ser una sociedad avanzada, es cuando con más fuerza hay que defender los derechos de los más vulnerables, en este caso, personas mayores y personas con discapacidad. A ellos les hemos contagiado y a ellos les tenemos que cuidar”, afirma Jesús Celada en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’.

En ella, critica los pronunciamientos de algunas sociedades científicas que abogaron por usar la discapacidad o la edad avanzada como criterios de descarte en el acceso a determinados tratamientos de cuidados intensivos en lo peor de la pandemia de coronavirus. “Nos preocupaba mucho que en un contexto de emergencias en el que se ha incorporado personal sanitario con pocas ‘horas de vuelo’, esas recomendaciones fueran su manual de referencia. Afortunadamente reaccionamos a tiempo y solicitamos la valoración del Comité Español de Bioética (CEB)”, explica Celada, quien lamenta también la situación vivida en residencias de personas con discapacidad y mayores.

En cuanto a la elaboración del borrador de desescalada de las personas con discapacidad, diseñada junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y las entidades de ámbito estatal, expone que se está basando en los principios de “competencias, prioridades y seguridad”. En este sentido, indica que se está procediendo a la identificación de qué servicios y en qué condiciones han de ser activados en cada una de las fases para “escalar la desescalada juntos”.

Para ello, detalla que “se priorizará la activación de servicios como la rehabilitación sicosocial y física y la atención temprana, así como la atención domiciliaria o incluso virtual en la primera fase y reservando la apertura completa de los centros para la última de ellas”. Asimismo, resalta que en el documento se definen medidas específicas con respecto a las entidades sociales de la discapacidad como “agilizar la tramitación del Impuesto de Sociedades y priorizar proyectos relacionados con las consecuencias del COVID-19 en la convocatoria del IRPF”.

Celada destaca las principales acciones llevadas a cabo por el Gobierno para tratar de mitigar las consecuencias de la pandemia en las personas con discapacidad y apunta, como ejes de la agenda del Ejecutivo sobre discapacidad próximamente, la erradicación de las esterilizaciones forzosas; la inclusión laboral, y tener en cuenta la “singularidad” de las personas con discapacidad en la regulación del ingreso mínimo vital, entre otros asuntos. De igual modo, para cimentar mejor el futuro, el director general de Políticas de Discapacidad propone realizar un análisis holístico de la actual crisis sanitaria, de sus causas y de sus consecuencias.