A pesar de haber permanecido en «primera línea en el combate» contra la COVID-19, los establecimientos ortoprotésicos no han podido acogerse a ninguna de las ayudas establecidas por el Gobierno, y cifran en 60 millones de euros las pérdidas acumuladas en las últimas semanas.
En España hay 4 millones de pacientes crónicos de ortopedia, usuarios que dependen de una prótesis, una silla de ruedas o una ayuda técnica para mantener su autonomía, por lo que el Gobierno calificó la ortopedia como sector sanitario de primera necesidad, por lo que debía permanecer dando servicio a los usuarios (Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo). Los profesionales ortoprotésicos aceptaron con compromiso y orgullo este encargo, por el bien de sus pacientes, tal y como indican desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP).
Y ello pese a los riesgos de contagio, a sabiendas de que no sería rentable mantener sus centros operativos y con la confianza de que el Ejecutivo pondría en marcha medidas específicas para proteger una actividad que da trabajo a más de 20.000 personas en nuestro país.
Pero la FEDOP denuncia que no ha sido así. En el caso de los ERTE, los establecimientos ortoprotésicos han quedado fuera de la vía de fuerza mayor, precisamente por ser un servicio esencial y permanecer abiertos, “Es una contradicción, nos requieren como servicio esencial pero después no dejan a nuestra suerte”, advierte Pablo Pérez Aragundi, presidente de la FEDOP. Por esa misma razón -la de ser un servicio esencial-, las ortopedias tampoco han podido solicitar la moratoria de pago en los seguros sociales, así como a una infinidad de subvenciones. De hecho, no existe ninguna medida extraordinaria especial dispuesta para el sector sanitario que haya ofrecido sus servicios durante la crisis.
Según datos de la FEDOP, en los últimos dos meses la actividad de las ortopedias ha caído en torno al 95%, con una media de atención diaria de 2 pacientes. El motivo principal para esta brusca caída se debe, en primer lugar, a la falta de recetas ortoprotésicas, por una atención especializada que ha funcionado a medio gas y, en segundo lugar, por el confinamiento y el miedo a salir de los propios pacientes que, aún necesitando de su ortopeda, han pospuesto su visita. Poco a poco, y con la desescalada en algunas comunidades autónomas, se comienza a notar un ligero y tímido repunte en la afluencia. No obstante, las pérdidas acumuladas en las últimas semanas han provocado «un agujero» de 60 millones de euros en el sector.
Pese a las acciones de alivio económicas acometidas -ERTE económicos y petición de préstamos al Instituto de Crédito Oficial (ICO)– está en peligro la continuidad de muchas ortopedias españolas, que son realmente fundamentales para sus pacientes, indica la Federación Española de Ortesistas y Protesistas, desde donde se pide al Gobierno que active medidas concretas para el sector -compuesto en su mayoría por pymes y micropymes. “Hemos abierto para dar servicio a los pacientes durante la crisis porque nos necesitaban, no queríamos dejar en la estacada a personas con discapacidad que de por sí son más vulnerables. Pero si seguimos así vamos a tener que cerrar”, alerta Pablo Pérez Aragundi, presidente de la Federación.
