La plataforma solidaria “afectadoscoronavirus.org”ha presentado, por parte de uno de los perjudicados adheridos a la Plataforma, de una reclamación en vía administrativa de responsabilidad patrimonial (previa al Contencioso-Administrativo) contra la Generalitat de Cataluña por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos asistencial y de salud.
Esta primera reclamación, que ha sido dirigida al Departamento de Salud de la Generalitat y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, viene referida al fallecimiento de la madre de Ángel Juárez, portavoz de los afectados por COVID-19, el pasado 16 de abril, por coronavirus, después de infectarse en una residencia de Barcelona.
Ana Romero, Socia de Cremades & Calvo-Sotelo (bufete contratado por Juárez para su asistencia legal) y Directora del área de responsabilidad civil y daños personales, explicó que el propósito de esta medida es “restaurar la dignidad de las víctimas, fallecidas en un contexto de especial penuria”, así como identificar “las deficiencias asistenciales que hayan podido dar lugar a esta situación” para “promover la mejora de los protocolos de actuación para un sector de nuestra población especialmente vulnerable”.
Rafael Fernández Montalvo, ex Magistrado del Tribunal Supremo y Socio de Cremades & Calvo Sotelo, por su parte, explica que esta reclamación en vía administrativa “es un requisito a la demanda, pues la legislación no permite demandar a la administración si no le das oportunidad a que se pronuncie; por lo tanto lo que se ha hecho es el primer paso para ir a la vía contencioso administrativa”.
Se trata de la primera de las acciones legales que promueve esta Plataforma, que agrupa a ciudadanos que han visto sus derechos violados o han sufrido injusticias durante la pandemia, contra Comunidades Autónomas, residencias de mayores y otras entidades que familiares de afectados por el coronavirus han señalado como responsables, y a las que exigen dignidad y justicia. Así lo ha informado, Abraham Granadino, portavoz de la Plataforma “afectadoscoronavirus.org”, asegurando que tienen “previsto también defender los derechos de los afectados frente las Administraciones de Castilla y León o Madrid, entre otras”.
La Plataforma asegura que las principales dificultades que está encontrando en su lucha por dignidad y justicia es la falta de transparencia. “Se nos está negando desde las instituciones el acceso a información sumamente útil para nosotros como es la cifra de afectados, documentación clínica sobre los familiares de personas fallecidas por coronavirus”, aseguran desde esta asociación.
Además de dignidad y justicia, los afectados por el COVID-19 reclaman una compensación económica. De acuerdo con el documento presentado, en el caso de Ángel Juárez, la indemnización que tendría que abonársele rondaría los 151.000 euros, pues se trata de una mujer que tenía 8 hijos. Sin embargo, en el caso de una familia media donde la persona que fallezca cuente con 2 hijos y 2 hermanos, ese importe sería de 130.000 euros. En total, la Plataforma calcula que si los familiares de todas las 19.000 personas que, según estimaciones, han fallecido en situaciones similares plantean una reclamación como la que ha sido presentada contra la Generalitat, la indemnización se elevaría hasta los 2.470.000.000 euros.
