La crisis generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro sistema sanitario, debilitado por constante caída de la financiación pública de la sanidad y el avance de modelos privatizadores. Y es que España cuenta en la actualidad con uno de los gastos sanitarios más bajos por habitante de la zona euro, 1.667 euros frente a los 2.660 de promedio de la Unión Europea (según datos de Eurostat de 2018) lo que supone una importante merma de recursos de la red sanitaria pública.

Ante esta situación, entidades como semFYC, Médicos del Mundo, Salud por Derecho, FADSP, además de otras organizaciones y sindicatos, han entregado documento con 12 recomendaciones a los miembros de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Las entidades firmantes aseguran que el momento actual es clave y urge que se tomen las medidas necesarias para reforzar el Sistema Nacional de Salud de cara a un posible rebrote, así como de eventuales pandemias futuras o, sencillamente, para el día a día de las consultas.

A su juicio, una de las consecuencias más evidentes de la política de recortes de los últimos años, y que se ha agravado con la reciente crisis, es el déficit de camas hospitalarias, que se encuentra entre 50.000 y 70.000, y la precariedad con la que trabaja el personal sanitario (de medicina, enfermería, administración y trabajo social), que llevan años denunciando sus condiciones laborales sin ser atendidos y que han hecho un esfuerzo sin precedentes durante la pandemia

Esta crisis sanitaria también ha revelado serios problemas de coordinación entre los diferentes actores y ámbitos de responsabilidad en su gestión y entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, “que es necesario corregir cuanto antes”, advierten esta organizaciones.

Una Atención Primaria infravalorada e infradotada

“Prevenir posibles colapsos ante situaciones como la que hemos vivido es responsabilidad de las distintas administraciones. Pero la prevención se construye día a día desde el refuerzo de una Atención Primaria, infravalorada e infradotada, así como de un sistema social solidario e inclusivo”, destacan las entidades firmante de este documento. Y es que una de las lecciones de esta traumática experiencia es que “existe un vínculo ineludible entre la salud individual y la comunitaria. Por ello, es imprescindible que el sistema de protección integre a todas las personas que viven en el territorio, particularmente a las más vulnerables, sin discriminaciones y sin dejar a nadie atrás”.

Por ello es necesario “contar con un sistema sanitario de cobertura universal y con una amplia red de servicios sociales que incidan sobre los determinantes sociales de la salud (circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen), garantizando a toda la población unas condiciones dignas de vida, la forma de prevención más efectiva ante la enfermedad. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es nuestra fortaleza como sociedad que reivindica la sanidad pública española como garante de nuestra salud”.

En este contexto, y ante las evidentes carencias del Sistema Nacional de Salud (SNS), las organizaciones firmantes de este documento (que está abierto a la incorporación de nuevas organizaciones que deseen sumarse a la iniciativa) instan a todos los partidos políticos a que estén a la altura del reto que se les presenta en este proceso de reconstrucción y recomiendan:

1. Incrementar y garantizar el presupuesto en Sanidad Pública por habitante y año, para alcanzar, como mínimo, el promedio de la UE, que se encuentra en los 2.660 euros.
2. Reforzar la Atención Primaria como pilar esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, eje de un sistema sanitario público de calidad y accesible, aumentando de forma progresiva la dotación presupuestaria destinada a Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del gasto público sanitario en un plazo máximo de 4 años.
3. Aumentar las infraestructuras hospitalarias, los recursos humanos y las camas disponibles (son necesarias entre 50.000 y 70.000 camas más), con el objetivo de reforzar la red hospitalaria pública.
4. Mejorar la capacidad de respuesta sanitaria ante futuras pandemias, pero también reforzando su papel preventivo desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud. Para ello sería necesario incrementar el presupuesto en Salud Pública hasta el 2,5% del gasto público sanitario.
5. Establecer una alianza firme y real entre servicios sanitarios y servicios sociales.
6. Asegurar a todas las personas que viven de forma permanente en nuestro país el acceso universal a todos los recursos y servicios sociosanitarios, independientemente de su situación administrativa.
7. Asegurar la coordinación, articulación y cooperación de todos los efectivos y recursos con y entre las CC. AA. funcionando en red y asignando tareas a los distintos centros, según capacidad y experiencia acumulada.
8. Fortalecer una I+D pública e independiente en salud, asegurando el interés general e impulsar una política farmacéutica sostenible para garantizar el acceso universal a medicamentos y tecnologías sanitarias asequibles, eficaces, seguras y de calidad
9. Crear un fondo de reservas estratégicas de material sanitario con centros de producción y distribución, así como de investigación sobre EPIs.
10. Poner en marcha medidas laborales que garanticen la adecuada dotación de personal para que trabajen en buenas condiciones laborales, bien formados y con formación continua. Esta medida debería contemplar la recuperación del recorte de salario del año 2010 (5% de media) y la pérdida de poder adquisitivo, por congelación de salarios, desde ese año.
11. Adoptar medidas legislativas que protejan el SNS frente a la privatización. Recuperar la sanidad privatizada en épocas anteriores.
12. Blindar el SNS, con carácter universal y financiado mediante impuestos, como pilar del Estado Social elevando el derecho a la protección de la salud a categoría de derecho fundamental.

En concreto, las organizaciones que suscriben de estas peticiones son: Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria (Faecap), FACUA, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV).