Los gobiernos de los Estados, junto a las entidades de la discapacidad, deben poner todos sus esfuerzos en repensar cómo se va a brindar apoyos a las personas con discapacidad fuera de los centros institucionalizados, algo más necesario que nunca ante las consecuencias de la pandemia en esta parte de la ciudadanía.

Así se expresó Catalina Devandas, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, durante el encuentro online ‘La institucionalización de mujeres con discapacidad en tiempo de confinamiento’, el séptimo webinario del ciclo ‘No estás sola’, una iniciativa de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) que cada semana trata un tema diferente y favorece la participación y el acompañamiento de las mujeres con discapacidad y de las madres y cuidadoras.

A juicio de la relatora de la ONU, «no se trata de embellecer modelos anteriores, que se ha demostrado que nos fallan, sino que tenemos que buscar soluciones que sean más acordes con los derechos humanos«. Así, Devandas lamentó la cantidad de personas que han perdido la vida en centros residenciales de personas con discapacidad, «que se han convertido, en muchos casos, en focos de infección, en verdaderas trampas» durante los peores momentos de la pandemia.

En este sentido, apeló a contar con todas las partes para impulsar acciones como el refuerzo de la asistencia personal y la provisión de apoyos para que cada persona pueda elegir si quiere vivir en comunidad, «cerca, por ejemplo, de sus familias». Igualmente, alertó de la discriminación interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que se debe tener en cuenta el enfoque de género en todo momento.

En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, pidió «desterrar la idea de que la institucionalización es lo mismo para hombres que para mujeres», ya que, de entrada, la población femenina con discapacidad es un porcentaje mayor que el de hombres con discapacidad, una diferencia que se agudiza a edades avanzadas. Por ello, pidió tratar este tema desde la «doble perspectiva de género y discapacidad«.

Durante el encuentro, se escucharon testimonios como los de Angelina, Amelia, María Rosa, Dolores o Isabel, entre otras mujeres, que viven en pisos residenciales, quienes relataron que pasaron mucho tiempo solas en su habitación durante el confinamiento, y que echaron en falta ver a sus familias o poder salir a la calle. Esperanzadas, aseguraron que la nueva normalidad desean que se base en poder ver más tiempo a sus seres queridos y poder disfrutar de experiencias como los viajes de su organización.

Montse, una residente de un centro de salud mental, rememoró su «dura» historia de vida, que le llevó a ingresar en diferentes centros aunque ahora está mejorando. Mientras, Montaña, mujer con esclerosis múltiple, advirtió de que «vivir en una residencia nunca es la primera opción para nadie».Por su parte, Wafa, una residente de un centro de personas con lesión medular, lamentó que «hayamos tenido tantas bajas» y agradeció el «gran trabajo» de la plantilla de su centro pese a «los momentos tan difíciles» que se han vivido durante la pandemia.

En este encuentro online también se pudo conocer la experiencia de Amaia, una joven que vivió en un centro residencial de 2014 a 2019, un período durante el que «teníamos horarios para todo» al ser un centro de estudiantes con discapacidad. En cambio, en 2019 le ofrecieron la posibilidad de vivir en un piso para personas con gran discapacidad con apoyos, ejemplificando así que se pueden ofrecer servicios sin necesidad de vivir en entornos institucionalizados. «Ganas en intimidad, en flexibilidad de horarios y en calidad de vida», compartió.

El webinar abordó también los casos de abuso que se dan en ocasiones contra mujeres con discapacidad. En este punto, Lili, una mujer con discapacidad psicosocial de Perú, denunció su «dramática» trayectoria, marcada por los abusos de su propio padre cuando era niña y por los de un profesional cuando estaba en un centro para ser atendida por su discapacidad. Además, criticó los tratamientos a los que ha sido sometida, con contenciones mecánica y química y denunció el estigma que socialmente siguen sufriendo las mujeres con discapacidad psicosocial, «pues todavía se nos tacha de locas» o «se espera que vayamos despeinadas o haciendo cosas llamativas».

Por otro lado, Linda Doblas, madre de una hija que ha vivido el confinamiento en un hospital, cargó contra la falta de respuesta de un centro hospitalario cuando se tuvo que aplazar una intervención quirúrgica de su hija. «Yo me sentí abandonada y eso de que se tiene que cuidar al cuidador no se hizo», apuntó esta mujer, que explicó que «su marido estuvo confinado en su casa» y que al salir del hospital se encontró con que «el mundo había cambiado». En su opinión, en lugares como Barcelona y Madrid ha imperado el «sálvese quien pueda», aunque sí reconoció el esfuerzo de administraciones y organizaciones sociales para paliar la situación. También avisó de que «hay muchos menores con discapacidad que viven atrapados« de forma «permanente» y criticó que no se haya atendido suficientemente esta realidad. Para revertir esta situación, presentó la iniciativa ’16 familias’, un proyecto destinado a mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, se escuchó también el testimonio de Manuel Gómez, hermano de Ángela, una mujer con discapacidad de 59 años que, según denunció, falleció sin que pudiera tener acceso a la atención sanitaria que necesitaba tras contagiarse de COVID-19. Completamente desolado, dijo que su hermana fue derivada desde el centro de discapacidad en que residía al Hospital Clínico, pero que como tenía síndrome de Down le dijeron que «no era apta para nada». En esta línea, tanto la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres como la relatora de la ONU alertaron de las vulneraciones del derecho a la salud y pidieron que no se dé «menor valor» a las vidas de determinadas personas en situaciones de crisis como la que se ha vivido.