Con el objetivo de situar la protección y la atención de las personas en situación de fragilidad o dependencia entre las máximas prioridades del Ejecutivo, la Fundación Pasqual Maragall ha presentado una propuesta a la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

En este contexto, esta entidad solicita que se trabaje en el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados de larga duración, tanto a nivel residencial como domiciliario, y que se dote con recursos suficientes la investigación de enfermedades como el Alzheimer, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Y es que las personas mayores y, en particular, las personas con Alzheimer y otras demencias, han sufrido el impacto de la COVID-19 de una forma especialmente cruel, ya que, en España, el 86,3%1de los fallecidos registrados por coronavirus era mayor de 70 años, colectivo con elevada prevalencia de Alzheimer u otras demencias.

Cabe destacar además que, un reciente estudio apunta la existencia de un componente genético que vincularía directamente a la COVID-19 con la demencia. En concreto, ser portador del alelo Apoe4, el factor de riesgo genético más importante para desarrollar Alzheimer, podría duplicar el riesgo de padecer COVID-19 grave.

Actualmente, la COVID-19 es la amenaza sanitaria y el reto científico más urgente, pero sigue siendo necesario que se destinen también los recursos necesarios a la investigación sobre enfermedades que, por su alta prevalencia, son pandemias estructurales, como es el caso del Alzheimer y las demencias asociadas a la edad. Tal y como se describe en el escrito presentado por la Fundación Pasqual Maragall, sin tratamientos de prevención y curación, y con la creciente esperanza de vida, las demencias adquirirán una dimensión que podría colapsar los sistemas sanitarios y asistenciales. En este contexto, ni los servicios públicos ni las familias serán capaces de costear las futuras necesidades de cuidados y atención.

Para evitar llegar a esta situación, la entidad se pone a disposición de las administraciones para colaborar en el desarrollo de políticas que contribuyan a reducir los casos de Alzheimer y retrasar la aparición de sus síntomas para evitar nuevas crisis que a medio plazo serán inasumibles para los sistemas sanitarios y asistenciales y que pueden tener dramáticas consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Más de 900.000 personas afectadas por Alzheimer y otras demencias

Se estima que en España hay más de 900.000 personas que padecen Alzheimer y otras demencias, cifra que se triplicará en los próximos veinte años. Una estimación conservadora sitúa su coste anual en 21.000 millones de euros, 24.000 euros por persona afectada y año, cuyo 87% asume la familia del paciente. A estos costes económicos hay que añadir los personales, sociales, psicológicos y laborales para familias y cuidadores, cuya situación no recibe la consideración social, económica y laboral que merecen.

Pese a las cifras, estas enfermedades son también olvidadas en los presupuestos destinados a la investigación. Además, ha sido un colectivo muy afectado por las consecuencias de la pandemia para las personas con demencia, la crisis de la COVID-19 ha significado también la ruptura de sus rutinas, un aspecto clave para su salud y su bienestar; el aumento de la desorientación, el estrés y los trastornos de conducta debido a la dificultad para comprender la situación; más riesgo de contagio por los problemas para entender y recordar las medidas de protección, y una mayor incidencia de los delirios por la hipoxia que provoca. En definitiva: más sufrimiento para las personas afectadas, sus cuidadores y sus familias; y un aumento de la necesidad de cuidados médicos y asistenciales y de sus costes económicos y sociales.

El texto íntegro de la propuesta presentada por la fundación a la Comisión de Reconstrucción puede consultarse en este enlace de la página web del Congreso de los Diputados en el siguiente enlace.