La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), pide a la administración pública medidas que garantice la atención a las personas más vulnerables ante la COVID-19, tanto las que viven en residencias como los que reciben Servicios Sociales en su hogar o acuden a centros de día.
Y es que, tal y como explica Diego Juez, presidente de Acalerte, “necesitamos que se establezca un plan para cubrir las bajas porque los problemas de contratación en el sector están ya a la orden del día y con la llegada de los rebrotes se puede agudizar y no se puede dejar sin cubrir vacante alguna”. En este sentido la prioridad es que el Sistema de Salud asuma la realización de PCRs a los profesionales el sector social como ocurre con el sanitario o los temporeros ahora en vendimia.
Estos test que deben realizarse de forma prioritaria y con resultados ágiles que permitan confirmar o negativizar el virus y así garantizar que una persona pueda incorporarse a su puesto con seguridad y garantías. Por otro lado, solicitan que se agilicen las homologaciones de los títulos de profesionales extranjeros que desean venir a trabajar en España y se facilite que las personas en último año de estudios o que estudia FP especializado en el sector su incorporación al mercado laboral como medida extraordinaria.
Desde Acalerte se recuerda que en los centros residenciales se considera ‘brote’ cuando hay un caso en estudio tanto si es trabajador o persona usuaria, lo que obliga a aislar a los compañeros de residencia y profesionales con los que ha tenido contacto el posible positivo con lo que ello implica para la vida del centro.
Esta Federación, la es la mayor organización de representación de empresarial de Atención a la Dependencia en la región, reivindica también el papel y la labor realizada por los centros residenciales durante la crisis provocada por la pandemia, centros que a su juicio han sido atacados en ocasiones sin conocer cual es su verdadera realidad. “Nosotros hemos sido la parte más débil del sistema, hemos sufrido una pandemia en la que ahora ya no hay excusa. Hay que tener una cosa muy en cuenta: nosotros nos dedicamos a cuidar no a curar”, subraya Diego Juez, que demanda una financiación justa y necesaria para el sector.
Según los datos que maneja Acalerte existen importantes diferencias de precios a lo largo del territorio nacional con variaciones que llegan hasta el 40%. Así, por ejemplo, el precio medio de una plaza se sitúa sobre los 1.777 eusos, y la media en Castilla y León apenas cubre 1.350 euros o 1.450 euros, mientras recientemente se informaba como no se cubrían plazas públicas por 2.050 euros en Navarra, cuando en Castilla y León el precio de asistido ronda 1.300 euros (44 €/día), recalca esta Federación. “Con estos precios se hacen milagros gracias a la capacidad de trabajo de nuestras gentes”, señala el presidente de Acalerte.
“El sector de la Dependencia no sólo se preocupa por las personas usuarias, sino por toda la población en general, sobre todo en el medio rural donde la generación de empleo es básica y el mantenimiento de los mismos es vital en un momento donde hay centros que plantean su viabilidad. Hay que garantizar el futuro de la atención de todos los ciudadanos de Castilla y León”, concluye Diego Juez.
